La Presidencia de la República presentó una recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y pidió que se aparte de la discusión y decisión sobre el decreto de emergencia económica, actualmente bajo análisis del alto tribunal.
La solicitud fue radicada por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, dentro del proceso de control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en el país.
Según el Gobierno, la recusación se sustenta en que el magistrado Ibáñez habría emitido conceptos previos sobre el decreto durante una entrevista concedida a la periodista María Isabel Rueda, en la que se refirió a la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos de normas expedidas en estados de excepción, incluido el de emergencia económica.
Para la Presidencia, estas declaraciones configurarían una causal de recusación, al considerar que el magistrado expresó una posición anticipada sobre la constitucionalidad del decreto, lo que podría afectar su imparcialidad en el proceso.
Aunque Ibáñez no actúa como magistrado ponente en este caso, la Presidencia argumentó que su condición de presidente de la Corte Constitucional y miembro de la Sala Plena lo convierte en decisor directo tanto en los asuntos incidentales como de fondo relacionados con el decreto.
Ahora será la Corte Constitucional la encargada de evaluar la procedencia de la recusación y definir si el magistrado se aparta del conocimiento del caso, en un momento clave para la definición jurídica del decreto de emergencia económica, uno de los temas más controvertidos del Gobierno en el cierre de 2025.
