Alcalde Tuto Uhía y colegas acompañaron al Fiscal a presentar proyecto contra dosis mínima
El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Tuto Uhía y varios colegas de varios municipios del país acompañaron al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, a radicar ante el Congreso, el proyecto de Ley que modifica la penalización a la dosis mínima de drogas alucinógenas.
Los gobernantes locales están de acuerdo con el fiscalizador Martínez Neira, en que hoy hay un limbo jurídico, que aprovechan los narcos, en penalización de dosis de aprovisionamiento.
La historia de los jíbaros (vendedores de droga) que son sorprendidos en flagrancia y que nunca quedan presos porque alegan que la cantidad de sustancias que portaban era su ‘dosis de aprovisionamiento’ está en vías de cerrarse en el país.
Bajo el número 60 quedó este lunes radicado un proyecto de ley de la Fiscalía, apoyado por los alcaldes de las capitales del país, que penaliza con al menos seis años de prisión a quienes sean sorprendidos con el doble o más de la dosis mínima (que hoy es de hasta 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína). Hoy, por cuenta de varias sentencias de la Corte Suprema, existe un limbo jurídico en la materia, pues varios fallos han blindado el porte de la cantidad ‘que la persona necesite’ para su consumo personal.
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“La situación descrita en algunas oportunidades implica que no sea posible judicializar a las personas dedicadas al narcomenudeo y –dice la exposición de motivos del proyecto–, en otras, que los procesos penales inician en contra de personas que simplemente están dedicadas al consumo”.
Y agrega que para conjurar “la inseguridad jurídica”, el Congreso debe establecer un estándar claro “según el cual la dosis de aprovisionamiento no podrá exceder del doble de la cantidad establecida como dosis personal para las sustancias reguladas en la Ley 30 de 1986”.
Cada día, según la Policía, la Fiscalía y las autoridades locales, decenas de capturas se caen porque los traficantes alegan que la droga que llevan la usarán para varios días de consumo. La norma propuesta, que cerraría ese atajo para los criminales, establece además tres criterios judicialmente válidos para inferir que la droga está destinada a la venta y no al consumo.
