El Centro Democrático se quedó sin cupo en la Consejo Superior de Política Criminal, clave para definir el rumbo en la lucha contra el crimen y el narcotráfico.
La situación surge como consecuencia de las nuevas mayorías en el Congreso, que ahora están dirigidas por los partidos Cambio Radical, La U y el liberalismo.
La elección de Carlos Felipe Córdoba como contralor general de la República dejó en evidencia que el Centro Democrático —cuyo candidato era José Félix Lafaurie— no tiene las mayorías en el Congreso. Desde hace un par de semanas, cuando se posesionó Iván Duque en la Presidencia, ha venido creciendo un sector independiente en el Legislativo que le aguó la propuesta de armar una coalición de gobierno para sacar adelante las principales reformas que piensa proponer.
En este momento, Duque cuenta con el único apoyo del Partido Conservador y, por supuesto, del Centro Democrático, donde sin embargo ya empieza a manifestarse una pequeña disidencia, reflejada precisamente en la elección de Córdoba. Ya le sacaron la maleta a la coalición de gobierno el Partido de la U, Cambio Radical y, ahora, el Partido Liberal, que ayer le pidió a su director, el expresidente César Gaviria, declarar a la colectividad en independencia al gobierno.
Y es que el bloque de los independientes tiene controladas las posiciones claves en el Legislativo, como varias presidencias de las comisiones constitucionales, mayorías en las células legislativas más importantes como las primeras y las terceras, pero además, tiene un principio de acuerdo que se expresó en la alianza entre la U y Cambio Radical, que hoy lo convierte en mayoría.
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Esta situación es producto de la experiencia de los parlamentarios que han liderado el bloque versus la inexperiencia de una bancada joven, como la uribista, y de un presidente de la República que no supo diferenciar la representación política con la llamada ‘mermelada’. La ausencia de voceros de las colectividades en el nuevo gabinete, así como entidades e institutos claves del Estado, sigue cayendo mal en los partidos acostumbrados a trabajar de esta forma. Y esa participación de las colectividades en el Ejecutivo es lo que se traduce en la gobernabilidad.
Con esa molestia, el Partido de la U y Cambio Radical le tomaron la delantera al gobierno y acordaron una acción conjunta en materia legislativa, la cual tiene como punto de partida una fuerza de 85 congresistas de los 280 que hay en el Capitolio. Pero además, a este bloque parece estarse acercando el Partido Liberal, que tiene 49 parlamentarios. Con esto, los independientes no solo tendrían un número de congresistas significativo en comparación con la bancada de gobierno sino que, adicionalmente, ejercen el control en los escenarios trascendentales del Poder Legislativo.
Según los acuerdos, estos independientes tendrán dos presidencias de las cuatro en el Senado, en el segundo y tercer año del cuatrienio 2018-2022, las cuales las ejercerán el Partido Liberal y Cambio Radical, respectivamente. El gobierno, por su parte, se quedó con las presidencias el primer y el cuarto año —este último será para el Partido Conservador—. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese último año difícilmente se cumplen los pactos. En el caso de la Comisión Primera de Senado, las cargas tampoco son favorables al gobierno. Allí, Cambio Radical, la U, y los liberales tienen nueve congresistas de los 22 miembros de esta célula. Y los opositores tienen cinco, lo que deja en desventaja al Ejecutivo en la comisión más importante del Congreso.
También haría mayoría la coalición de independientes en el futuro Consejo Nacional Electoral (CNE), pues la U y Cambio Radical se unieron para postular a tres magistrados. Los liberales y los conservadores, los otros tres, la oposición uno —la FARC tiene uno—, y el Centro Democrático tendría dos. Otro error cometido por el gobierno fue haber quedado por fuera del Consejo de Política Criminal, pues no lograron un acuerdo con los representantes de los otros partidos y se quedaron sin delegados, mientras la U, Cambio Radical, el Partido Conservador y la oposición tienen su respectivo vocero.
La acción conjunta de los independientes se traducirá en las próximas semanas en un paquete de proyectos legislativos con los que, nuevamente, toman la delantera en asuntos que, se supone, iban a ser prioritarios para el gobierno Duque. Cambio Radical se anticipó con la reforma tributaria y ahora el gobierno tendrá que sumar su proyecto a la iniciativa del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, pues por unidad de materia, se deben acumular. En los próximos días, también llegará al Congreso un proyecto de reforma a la justicia liderado igualmente por Cambio Radical y el de las curules para las víctimas, abanderado por el Partido de la U.
En contraste, amigos y adversarios del gobierno critican en voz baja el paquete legislativo que llevó el Ejecutivo. Lo califican de “desastroso” y “muy pobre”. Muchos congresistas aseguran que las iniciativas no se prepararon y que tienen serios problemas de constitucionalidad. En últimas, en este escenario, el ala independiente y de los opositores se sienten cómodos, pues consideran que en materia legislativa, la iniciativa debe ser siempre debe del Ejecutivo. En síntesis, esa mayoría que el Centro Democrático reclamó luego de los escrutinios del 11 de marzo no es suficiente.
