La Secretaria de la Oficina de Registro y Control de la decanatura de Derecho de la UPC, María Inmaculada Pinto Cerchar comenzó a prender el ventilador en el proceso por la venta certificados del seminario, requisito indispensable para optar al grado de abogado en el programa de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Popular del Cesar.
La funcionaria fue afectada con medida de aseguramiento y reclusión intramural, por su implicación en los delicados hechos, que además afecta a 15 estudiantes, de los cuales 10 fueron capturados y luego dejados en libertad, aunque siguen vinculados a la investigación.
Estudiantes liberados
Estudiantes de UPC en libertad y funcionaria en la cárcel. Un juez de control de garantías decidió dejar en libertad a los nueve estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, y enviar a la cárcel a la funcionaria de la UPC que está vinculada al proceso judicial por la presentación, aparentemente, de documentos falsos para optar al título de abogado.
Al terminar las audiencias concentradas en contra de los estudiantes y la funcionaria, el juez de control de garantías determinó dar medida no privativa de la libertad a los nueve estudiantes, pero quienes siguen vinculado al proceso; y dictar medida intramuros la para la funcionaria de la Oficina de Registros de la UPC que está vinculada a la ninvestigación judicial.
Los estudiantes beneficiados con la medida no privativa de la libertad son: Linda Marcela Luquez Palacios, Yoise Galena García Ortiz, Kelly Fernanda Villero Vanegas, Eva Astrid Fernández Rodríguez, Any Lucellys López López, Damaris Edith Pedroza Mejía, José Mario Meneses Duarte, Atilio Miguel Zabaleta Suárez y Libardo Jesús Medina Torres.
Mientras tanto, la medida intramural es para María Inmaculada Pinto Cerchar, Secretaria de la Oficina de Registro y Control de la decanatura, y quien supuestamente vendía los certificados del seminario, requisito indispensable para optar al grado de abogado en el programa de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Popular del Cesar.
Las diez personas siguen vinculadas al proceso judicial por los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal.
