Seis concejales del municipio de Pueblo Bello no acudieron a la primera del año en rechazo a la manera como fue escogido el presidente de la entidad, Alberto Mestre Pérez, en la cual se violó el debido proceso al negárseles el voto a tres ediles en la elección de la nueva mesa directiva, el pasado 29 de noviembre.
Los ediles reclaman justicia, que se garantice la democracia y el derecho a votar libremente sin censura, como denuncian que lo hizo la anterior presidenta de la corporación Keren Cujia Tafur.
“Nosotros en primer lugar nos reunimos, fue una decisión que tomamos como coalición, para marcar un precedente, no estamos de acuerdo con el procedimiento que realizaron para la elección y se inicia el periodo Omar Maestre y no estamos de acuerdo, rechazamos y hacemos un llamado a Procuraduría, para que mire a Pueblo Bello, necesitamos acompañamiento”, dijo la concejal Rosarito Torres, oriunda del asentamiento indígena de Nabusimake, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los concejales decidieron no acudir a la primera sesión de la actual vigencia como protesta por la polémica forma en que fue escogido el actual presidente de la entidad, Omar Alberto Mestre Pérez, de la Alianza Social Independiente, ASI, por su antecesora Keren Cujia Tafur, quien no permitió el pasado 29 de noviembre el voto de tres ediles aduciendo alteración al orden público.
En aquella oportunidad no pudieron votar los corporados Rosarito Torres y Elí Rangel, del Partido de la U, y Álvaro de Villazón, de Opción Ciudadana, justo cuando Maestre Pérez llevaba cinco votos a favor y el conservador José Suescún Valbuena acumulaba tres sufragios.
Agregó que “en un principio guardé mucho silencio, fue muy duro para las personas que no pudimos votar, considero totalmente irregular la forma como lo hicieron y para uno como mujer indígena ver esto fue un golpe, sobre todo cuando uno defiende la equidad de género y se ve vulnerado en su derecho a elegir porque es una forma mañosa de llegar al poder”, agregó.
Es de anotar que la Policía Nacional y el Ejército Nacional se pronunciaron sobre lo ocurrido el pasado 29 de noviembre y aseguraron que no hubo alteración al orden público; “ellos manifiestan que hubo desorden dentro de la corporación y ahí tuvimos acompañamiento de las autoridades que confirmaron que todo estuvo en completa calma”.
Los seis concejales señalaron que están a la espera que el Juzgado Administrativo de Valledupar se pronuncie, dado que desde el 3 de diciembre hay una demanda por nulidad electoral, al tiempo que piden presencia del Ministerio Público para que entre a mediar en la situación.
“Desde octubre estamos haciéndole el llamado al Procurador Provincial, Edgardo Maestre, y no aparece, no encontramos respuestas en esta situación donde se ve claramente que es un abuso de autoridad y una falta contra la ley”, finalizó Torres.
