Ruta del Sol lll a punto de reanudar trabajos de ejecución entre El Difícil- Bosconia y la prolongación a Valledupar
Las obras de la Ruta del Sol lll se encuentra a punto de reanudar trabajos de ejecución entre El Difícil- Bosconia y la prolongación a Valledupar.
La vía, que fue habilitada por Yuma Concesionaria, cuenta con 30 km de doble calzada entre Bosconia y El Difícil.
Las obras de la Ruta del Sol III, que llevan abandonadas desde el 2017 y tienen un avance aproximado del 31% – de un total de 465 kilómetros – podrían ser reactivadas este año.
De acuerdo con lo manifestado en una reunión a puerta cerrada que se efectuó el pasado 2 de octubre, en la que participaron la concesionaria Yuma S.A. – encargada del proyecto – la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y un grupo de contratistas a los que aún les deben el pago por lo que trabajaron en la carretera, la situación estaría un paso más cerca de resolverse.
Una de las razones es que durante esa sesión Yuma S.A reiteró su disposición para firmar un acuerdo con las autoridades para reiniciar las obras en los términos que el Gobierno estipuló, lo que incluye que los privados deben buscar $400.000 millones por su cuenta y poner a la firma Salini Impregilo – empresa italiana que figura como accionista mayoritaria- como garante para el crédito.
Lo anterior fue confirmado al periódico Portafolio, por un vocero de la organización a este diario, quien prefirió no dar mayores declaraciones, pero destacó que el interés central de la concesionaria es el de conseguir un arreglo.
Además, se acordó que hoy se llevaría a cabo una nueva reunión en la que se podría anunciar la fecha en la que se firmaría, finalmente, un otrosí que daría paso a la reactivación de las obras y al pago a los acreedores.
Sin embargo, según conoció Portafolio, la reunión fue aplazada por la ANI, pero la misma entidad manifestó, a través de correo electrónico, que esta semana sería reprogramado el encuentro y que las condiciones del caso seguían siendo las mismas.
Por su parte, al consultarle por el caso, el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, señaló que la prioridad de las autoridades es conseguir destrabar este proyecto y se mostró optimista respecto al proceso, aunque no dio mayores detalles.
EL CAMBIO
La firma del acuerdo le daría un giro importante a esta historia, teniendo en cuenta que mientras se hacen las mencionadas negociaciones, de forma simultanea, el contrato está surtiendo trámite para ser caducado. Y que, en caso de que se tome la decisión de terminarlo definitivamente, la concesionaria tendría que pagarle a la Nación una multa de aproximadamente $80.000 millones.
Sin embargo, según ha manifestado la ANI con anterioridad, el país no tiene los recursos para concluir la vía por su cuenta, o al menos no en este Gobierno, pues las intervenciones podrían valer más de $2,3 billones. De ese modo, han señalado que lo más conveniente para el país es evitar la caducidad del contrato.
Entre otras cosas, porque a los más de 200 contratistas que han sido afectados por la paralización de las obras, se les adeudan alrededor de $128.500 millones desde hace varios años, y si el proyecto no se retoma en el futuro inmediato, el pago se podría dilatar indefinidamente.
En este punto es importante destacar que la mayoría de esas empresas son de pequeño o mediano tamaño y que, según sus propietarios, muchas están pagando créditos que pidieron a nombre propio para adelantar los trabajos en la vía, por lo que si no les cancelan lo que les deben, se podrían quebrar muy pronto.
LAS OTRAS RAZONES
Adicionalmente, en la discusión del pasado miércoles se dijo que ya se había logrado despejar algunas de las dificultades que atravesaba el proceso, que no solo incluían los líos de liquidez ya mencionados, sino problemas jurídicos e incluso penales.
Por un lado, se retiró del contrato de la Ruta del Sol III un otrosí para hacer los estudios y diseños de un puente en el municipio de Plato (Magdalena) que presuntamente fue objeto de corrupción en su momento.
Con esto, se logró ‘desmanchar’ el documento con el fin de que el acuerdo que se llegue a firmar ahora para continuar con la carretera se haga teniendo en cuenta el original -excluyendo el otrosí- y evitar inconvenientes legales.
No obstante, la adición del puente también dio lugar a que se investigaran y fueran llamados a indagatoria hace unos meses a dos exrepresentantes legales de Yuma, Francesco Stopponi y Leonardo Castro, quienes renunciaron a sus cargos y, en este momento, se encuentran a la espera de tener una audiencia ante la Fiscalía.
La razón de esto, fue que la negociación en medio de la cual se acordó la adición del mencionado puente ha generado suspicacias, pues la Fiscalía presume que se pagaron sobornos para favorecer a los contratistas que se quedaron con el proyecto. Sin embargo, vale la pena aclarar que nadie ha sido condenado aún por este caso y que el puente no ha sido construido.
EL MISMO MONTO
Otra de las condiciones que se logró acordar para firmar el otrosí es que se excluyan cinco variantes del contrato, con el fin de que Yuma pueda terminar la mayor parte de la carretera utilizando el dinero que ya existe en la fiducia del proyecto, por cuenta de los peajes y otros rubros, que según la ANI son alrededor de $1,9 billones.
Lo cual, sumado a los $400.000 millones que conseguiría esta organización, sería suficiente para concluir la vía sin que la Nación tenga que darle un peso más a la concesión. De ese modo, la ANI, a través del Invías o abriendo una nueva licitación, se encargaría de hacer las mencionadas variantes más adelante.
Frente a esto, los acreedores alegan que existen los recursos para que les paguen anticipadamente a la reactivación de las obras, pues solo en el 2017 se recaudaron $124.461 millones por peajes según registros oficiales, “usando obras que nosotros ayudamos a construir”, dijo Carlos Mariano Rodríguez , representante del grupo de contratistas afectados.
