En una declaración conjunta, el Procurador, el Contralor y el Fiscal, anunciaron que en 15 días inician imputaciones con medidas de aseguramiento y embargos, a los funcionarios investigados por la irregular contratación en tenas relacionados con Covid-19.
La posición fue fijada de manera contundente por El fiscal Barbosa, el procurador Carrillo y el contralor Córdoba. Los tres hombres que van tras la corrupción en medio de la pandemia.
El contralor general, Felipe Córdoba, ya dio vía libre para que se proceda a embargar bienes del gobernador de Arauca, Facundo Castillo, dentro del proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en un contrato para atender la emergencia sanitaria.
Y el procurador general, Fernando Carrillo, evalúa si, como lo hizo con el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, (por un contrato de 2.000 millones para divulgar información sobre el coronavirus) también suspende a Castillo.
El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, manifestó que al año la corrupción le cuesta 50 billones de pesos al país.
Con su caso son 53 los procesos contractuales con irregularidades por más de 135.000 millones de pesos, lo que resulta aterrador en esta emergencia.
Pero algunos casos van a ir más allá de embargos y suspensiones.
“La Fiscalía adelanta 41 investigaciones contra funcionarios públicos por el manejo de recursos de la emergencia. Le puedo garantizar que en dos semanas haremos las primeras imputaciones y medidas de aseguramiento”, dijo el fiscal Barbosa.
La Fiscalía adelanta 41 investigaciones contra funcionarios públicos por el manejo de recursos de la emergencia.
Y la Contraloría verifica si es cierto que créditos subsidiados por Finagro para el agro se usaron para importar productos y al menos 10.000 millones se desembolsaron dos horas después de que saliera la línea de crédito.
Otro contrato bajo la lupa es el de la Armada, Base Naval n.º 6 ARC, por 1.269 millones de pesos para la adquisición de elementos de protección.
Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que ha separado de sus funciones a personal en Cúcuta, Tunja y Usaquén mientras se indagan los casos.
Los organismos de control dicen que la lista de gobernadores indagados se ampliará. Pero algunos señalan que son indagaciones de trámite.
La Contraloría también indaga en el Valle un presunto sobrecosto en dos contratos de insumos médicos por 4.700 millones de pesos.
De los créditos de Finagro han devuelto 33.000 millones, y 25.000 millones en la renegociación de contratos de mercados
En cualquier caso, para el contralor Córdoba es claro que la mejor apuesta ha sido la prevención: “Le hemos mostrado resultados concretos al país. En menos de un mes, de los créditos de Finagro han devuelto 33.000 millones, y 25.000 millones en la renegociación de contratos de mercados. Bajo el modelo pasado nos habríamos demorado mínimo 4 años en desgastantes procesos y la recuperación habría sido del 0,04 por ciento”.
