Contraloría encontró 32 hallazgos fiscales por $7.441 millones al evaluar gestión de Planes Departamentales de Agua (PDA) en 7 departamentos

• El mayor hallazgo fiscal se da en San Andrés ($2.712 millones), por un caso de obras recibidas que no se encuentran ejecutadas en su totalidad. 

La Contraloría General de la República concluyó 7 Actuaciones Especiales de Fiscalización donde evaluó la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA) de igual número de departamentos, encontrando 88 hallazgos administrativos, de los cuales 32 son de carácter fiscal por $7.441 millones, 80 con incidencia disciplinaria y 2 de carácter penal.

Fueron auditados los PDA correspondientes a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima y Vichada, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, y en el caso de Vaupés estas mismas y además la de 2018. 

La evaluación incluyó todas las fuentes de recursos que financian los PDA y las actuaciones de las entidades competentes en su gestión, tanto del orden nacional como territorial. Las auditorías fueron adelantadas durante el primer semestre de 2021 por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, con apoyo de las respectivas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR.

En el siguiente cuadro se aprecian los hallazgos detectados y la cuantía de los mismos en cada uno de los PDA auditados:

Consolidado Hallazgos y sus presuntas incidencias 

Fuente: CGR, 2021, con base en los respectivos Informes Finales de AEF. 

Con estos hallazgos, adicionalmente, se lograron 2 Beneficios de Auditoría por valor de $1.418.138.375,25, y se determinó la necesidad de abrir cuatro (4) indagaciones preliminares en cuantía estimada de $553.835.428.

El departamento que mayor número de hallazgos administrativos registró fue Antioquia (21), seguido de Vaupés (18) y Vichada (15).

En cuanto a hallazgos con presunta incidencia fiscal, se observa que el departamento de Vaupés fue el que presentó el mayor número con esta connotación, con 15, seguido de Tolima con 7.

En el caso de San Andrés es importante destacar que en solo un hallazgo alcanzó la máxima cuantía ($2.712 millones) de todos los encontrados en estas actuaciones de fiscalización. Se trata de recursos cancelados por concepto de obras recibidas mediante actas parciales para la construcción del alcantarillado sanitario en los sectores de Cabañas, Barrio Sarie Bay y Barrio Modelo, que no se encuentran ejecutadas en su totalidad y, por lo tanto, no están funcionando.

Muchas obras contratadas no se han concluido 

Como resultado de las Actuaciones de Fiscalización realizadas, la Contraloría encontró en todos los departamentos serias deficiencias en la gestión fiscal y conceptuó que la misma fue ineficaz, ineficiente y, en algunos casos, no resulta conforme, debido a que buena cantidad de las obras contratadas no se han concluido, luego de pasar varios años desde el vencimiento del plazo inicial pactado, y muchas aún no se encuentran en funcionamiento.   

Las debilidades, técnicas, administrativas y operativas observadas han impedido la culminación y puesta en funcionamiento de las obras contratadas, para ponerlas oportunamente al servicio de la comunidad, con los consecuentes impactos en su salud, dado que se trata de infraestructuras para la provisión de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las cuales resultan esenciales para asegurar unas condiciones de vida dignas a la población.

Principales deficiencias encontradas  

En la mayoría de proyectos auditados, se presentan deficiencias que en general guardan relación con los siguientes aspectos: 

• Deficiencias en la planeación y ejecución de las obras contratadas, así como en el ejercicio de la función de interventoría. Algunos proyectos iniciaron su ejecución sin estudios previos, en tanto que la documentación de la etapa contractual no ha sido publicada en su totalidad, a lo que se suma ausencia de certeza en las cantidades de obra por tramos ejecutados 
• La cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en muchas regiones continúa siendo muy baja y persiste una significativa brecha urbano rural.
• Muchos de los contratos evaluados se encontraban suspendidos al inicio de las Actuaciones Especiales de Fiscalización, algunos de ellos con periodos relevantes de suspensión, lo que genera incertidumbres sobre su culminación y puesta en funcionamiento a fin de satisfacer las necesidades sociales de los servicios de acueducto, alcantarillado y gestión de residuos sólidos. Los retrasos en estas obras mantienen elevados los niveles de riesgos sanitarios y ambientales para la población e impiden elevar su calidad de vida.
• La CGR encontró otras deficiencias, como sobrecostos en la contratación y adquisición de bienes y servicios, el pago de anticipos que no fueron debidamente amortizados, debilidades en la supervisión e interventoría, así como en la gestión de recursos para dar continuidad a los proyectos.
• Se encuentra infraestructura, bienes y servicios que no están en funcionamiento o no prestan el servicio para el que fueron construidos o adquiridos.
• Todos los contratos y proyectos evaluados presentaron, en general, problemas que generaron demoras en su ejecución, entre ellos, las siguientes situaciones:

• Suspensiones

• Ampliaciones de Plazo

• Prórrogas

• Incumplimiento oportuno del objeto contractual

• No se imponen multas

• No se hacen efectivas las pólizas

• Proyectos inconclusos con los contratos con plazo de ejecución vencido

• Vencido el plazo de ejecución no se han entregado los bienes y servicios pactados

• La mayoría de los proyectos auditados presentaron debilidades en planeación, especialmente en lo relacionado con:

• Ausencia de análisis de estudios de mercado

• Costos directos e indirectos sin desglosar

• Carencia de fichas técnicas para precisar las características de la prestación del servicio adquirido

• Sin precisar los soportes idóneos para soportar la legalización de las actividades realizadas por los contratistas

• Debilidades en los estudios previos, sin suficiente información del sector, lo que limita la pluralidad de oferentes

• Proyectos formulados sin el cumplimiento de los requerimientos técnicos, administrativos y ambientales

• Proyectos no viabilizados por el Ministerio de Vivienda por la debilidad en su formulación para la obtención de recursos de fuente nacional

• Así mismo, la mayoría de los procesos presentaron debilidades en la gestión contractual, particularmente en lo relacionado con el seguimiento y la interventoría. Y no se liquidan contratos con plazo de ejecución vencido, los cuales no cuentan con las correspondientes actas de liquidación y terminación

Como resultado de estas múltiples falencias, pese a la asignación de recursos de diferentes fuentes tales como Sistema General de Regalías (SGR), Sistema General de Participaciones (SGP), aportes del Departamento y de los municipios, entre otros, es recurrente la falta de culminación exitosa de los proyectos para su puesta al servicio de la comunidad que los requiere, postergando así, injustificadamente, el anhelo de la población de contar con condiciones de adecuadas de acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.