Procuraduría exigió suspender por 15 días hábiles el proceso de invitación pública, para entregar la administración de Emdupar a terceros
El Ministerio Público exige un proceso contractual cumpliendo con los parámetros establecidos por la ley y que se garanticen los intereses de la sociedad.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar, Mello Castro González, quien funge también como presidente de la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos EMDUPAR S.A E.S.P., y a su gerente, Soledad Manjarrez Hinojosa, aclarar la información sobre posibles irregularidades en la invitación pública para entregar a un tercero la gerencia y operación de esa entidad.
La decisión de conceder la administración de dicha empresa a un aliado estratégico fue tomada por las directivas de la empresa, a raíz del alto nivel de endeudamiento que presenta y la incapacidad del municipio para continuar al frente de su gestión.
Frente a este proceso, la Procuraduría Provincial de Valledupar inició acciones preventivas, como defensor de los intereses de la ciudadanía en general, de cara a la contratación de un aliado estratégico “que asumiría por su cuenta y riesgo, las actividades de financiación, diseño, optimización, rehabilitación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio”, según se indica en la invitación pública.
El Ministerio Público conoció su preocupación por la decisión del inicio un proceso de contractual por un valor indeterminado y por un plazo de 25 años, pues es posible salvaguardar la entidad con disposiciones distintas y evitar que, a futuro, se generen despidos masivos, como quiera no es que la empresa sea inviable, sino que presenta problemas serios de iliquidez.
La Procuraduría Provincial, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública, pidió a la gerencia y a la junta directiva de la empresa de servicios públicos ampliar los plazos estipulados para la participación en la invitación, teniendo en cuenta la complejidad de este, y suspenderlo por un periodo mínimo de quince (15) días hábiles, para evaluar las diferentes problemáticas que enmarcan dicha decisión para el interés del patrimonio público.
