La Fundación Acción Social Integral, ACSI, renunció este viernes a la contratación para la alimentación escolar que tenía con el departamento del Cesar.

La decisión fue adoptada a través de una carta enviada por la representante legal de la emprea, Alejandra David Deluquez, al gerente de la Contraloría General de Cesar, Juan Jaime Celedón, donde le dice que renuncia al contrato.

Se trata del contrato 020004 del 15 de enero del 2016 por $17.267 millones para el suministro de alimentos en colegios públicos.

A la Fundación Acción Social Integral (ACSI), que obtuvo un millonario contrato para la alimentación de niños en Cesar, no le quedó mayor oxígeno. Esa firma había terminado envuelta en una gran polémica después de que la Contraloría reveló unas fotografías en las que se observaba a los niños del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Aguachica tirados en el piso comiendo mango y huevo.

Esta empresa entró a la lupa de la Contraloría al igual que la Fundación Provenir, que también entregaba alimentos en esa misma institución y fue sorprendida suministrando migajas en las manos a los niños. El escándalo ha llegado a tal punto, que la Fiscalía capturó este jueves al alcalde de ese municipio, Henry Montes, a varios de sus funcionarios y al representante legal de la Fundación.

Quizás advirtiendo correr con la misma suerte, la Fundación Acción Social tiró la toalla.

Términos de la renuncia

“No es nuestro propósito afectar la prestación del servicio, mucho menos que los titulares del servicio se vean privados o afectados con esta decisión, más aún cuando nuestra razón de ser se basa en la necesidad de coadyuvar a que los niños en condición de vulnerabilidad sean beneficiarios”, dice la misiva.

Y agrega: “…Por lo cual pretendemos adelantar esta etapa de transición sin que exista el mínimo trauma en la prestación de dicho servicio (…) La decisión expresada ratifica la información que se ha dado a conocer por diferentes medios y redes sociales, aunado a diferentes situaciones que se vienen generando e impiden una cabal y correcta ejecución”.

Según la representante legal, la cancelación del contrato se da por falencias en la infraestructura y dotación en las instituciones. Así como por no haber recibido, por parte de la Gobernación, “el desembolso del anticipo pactado con el fin de ejecutar correctamente el programa, situación que viene causando un desmedro financiero”.

La Fundación también ataca a los medios que han registrado las irregularidades y los tilda de “amarillistas” y dice que han creado una ambiente “mediático, artificial y especulativo”.

Si bien la Fundación cancela el contrato y advierte que procurará que no haya traumatismos para los estudiantes, sí es obligación de las autoridades continuar con las investigaciones para establecer hasta dónde llegaron las irregularidades, pues ya el daño está hecho.