Desarticulada poderosa banda de contrabandistas que tenía centro de operaciones en La Guajira
La Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la UIAF y el Ministerio de Hacienda, desarticularon una poderosa banda de contrabandistas que operaba desde el departamento de la Guajira y que invadía de mercancías los mercados del área del Caribe y el resto del país
Con ese hallazgo de la Uiaf, peritos de la Policía Fiscal y Aduanera realizaron un detallado análisis a cerca de 20 firmas importadoras de cigarrillos que cuentan con aval para hacer tránsito en el régimen aduanero especial de Uribía, Manaure y Maicao, en La Guajira.
Allí, las empresas están autorizadas solo a hacer el desembarque de productos, pero con el compromiso de que vuelvan a salir para ser comercializados en otros países.
El estudio detectó irregularidades en ocho empresas, que habrían hecho exportaciones ficticias hacia Venezuela para encubrir el ingreso al país, sin pago de impuestos, de toneladas de cigarrillos provenientes de Paraguay, Uruguay y China. Muchos eran de Tabacalera del Este, la empresa del presidente paraguayo, Horacio Cartes.
Luego, como los que provenían de China, llegaban a los puertos libres en La Guajira, y de allí los cigarrillos y en ocasiones licor eran distribuidos en Cesar, La Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Santander.
De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, los señalados jefes de la red son una pareja de Fusagasugá, quienes fueron capturados junto con 12 personas, entre ellos varios contadores, revisores fiscales, entre otros, que tenían como función maquillar los registros de las empresas.
Se trata de Yohani Marlen Franco Ramírez y Óscar Mario Roro Henao. Los dos figuran como propietarios y socios de las empresas Inversiones Toro Franco S. A. S., Provisiones Anymar LTDA., Portobello y Provisiones Siglo XXI. Además, figuran como propietarios de lujosas viviendas y de un centro recreacional en Fusagasugá.
En la lista también aparecen las importadoras Provisiones Jogui, Comercial Hobby y la Bodega Provisiones Jogui, de propiedad de José Guillermo Maestre Díaz. Este hombre es conocido en el Cesar por ser un compositor vallenato.
“Se estableció que utilizaban nombres de personas nacidas en Venezuela para hacer facturas ficticias de la supuesta exportación”, indicó un oficial que lideró la investigación, que duró 13 meses.
El Ministerio de Hacienda indicó que la red movía el 70 por ciento de la mercancía ilegal en el país.
Una alerta de la Uiaf de los movimientos financieros de una persona que, aunque tenía registrado un patrimonio de 10 millones de pesos, realizaba transacciones por 58.000 millones fue el inicio de una investigación de la Policía y de la Fiscalía que desmanteló la principal red de tráfico de cigarrillos de contrabando.
En el proceso fue clave la infiltración de un uniformado de la Policía Fiscal y Aduanera, que logró obtener información del manejo de la red. Se trata de un policía que por seis meses se hizo pasar como un comerciante interesado en ingresar al negocio de los cigarrillos.
Así detectó que las empresas de Franco Ramírez y Roro Henao cada mes hacían entre dos y tres importaciones de cigarrillos de marcas que no están autorizadas por la legislación colombiana para ingresar al país. Además, que existía una triangulación en el tráfico desde Uruguay y Paraguay. Las empresas exportadoras enviaban la mercancía a Aruba, Curazao o Panamá, y allá las firmas colombianas en investigación adquirían el producto.
La Policía, la Fiscalía y Minhacienda calculan que entre el 2006 y este año, la red movió 281.000 millones de pesos en mercancía de contrabando. Además, el Estado dejó de recibir 466.000 millones de pesos en impuestos. Ese dinero es destinado a la salud, deporte, entre otros.
En la operación también fue capturado un patrullero de la Policía, señalado de permitir que la mercancía saliera de la zona libre de impuestos hacia el mercado nacional. No obstante, la investigación continúa para detectar a otros funcionarios que estarían comprometidos.
Investigan si hubo lavado de activos
Otro de los ejes de investigación es establecer los bienes que la red habría adquirido con el dinero producto del contrabando y si estaban al servicio de otra red criminal para el lavado de activos. De hecho, varios de los capturados tienen procesos por ese delito.
Si bien en el expediente no aparece oficialmente que se sigue el rastro de las empresas de Uruguay, Paraguay y China, esa es otra investigación que se adelanta con agencias extranjeras.
