El martes vence plazo para que se defina el futuro de la intervenida Electricaribe

El martes 14 de marzo se cumplen los cuatro meses de plazo máximo que estableció la Superintendencia de Servicios Públicos para definir qué pasará con la empresa Electricaribe.

Electricaribe fue intervenida el 15 de noviembre porque estaba al borde de una “cesación de pagos” a las generadoras, y no garantizaba las “condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y la calidad debidas”, según el Gobierno.

La toma de posesión fue activada entonces tras cuatro días de diálogos en Bogotá, en los que participaron el presidente de la multinacional, Isidre Fainé, y los ministros de Minas, Germán Arce; Hacienda, Mauricio Cárdenas; y el consejero de la Presidencia, Juan Guillermo Vélez. El Gobierno exigió una capitalización de la empresa de servicios de la Costa, que tenía en riesgo de someter a racionamientos masivos a los usuarios de la Región. La respuesta de la multinacional fue negativa.

Esta semana, la Superintendencia dará un paso clave al decidir si la intervención es para administrar o liquidar la compañía. En la administración estaría por dos años. Si hay liquidación no existiría un término, sino que dependerá de la rapidez con que el Gobierno pueda conseguir otro operador, de acuerdo con lo que ha explicado el superintendente de Servicios, José Miguel Mendoza.

Controversia

Gas Natural Fenosa, dueña del 85% de las acciones de Electricaribe, emitió su último pronunciamiento público en Colombia el 18 de enero pasado sobre la controversia que mantiene con el Gobierno Nacional, la cual se inició el 12 de julio del 2016. La gasera con casa matriz en España había anunciado que a partir del 3 de marzo podía llevar su demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del grupo del Banco Mundial, con sede en Washington (Estados Unidos).

Sin embargo, hasta el momento no han confirmado que hayan acudido a esa instancia, amparada en el Acuerdo para la Protección a la Inversión –Apri– entre Colombia y España, vigente hace más de 10 años. La oficina de comunicaciones de GNF ha respondido en varias ocasiones a este medio que “no hay comentarios” sobre las conversaciones que aún mantienen con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Los reclamos de Gas Natural al Estado son por el pago de $3,6 billones (1.100 millones de euros) que, según la multinacional, corresponden a la deuda acumulada por fraudes e impagos, en más de 16 años, de miles de clientes de Electricaribe.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también ha respondido que el proceso legal es manejado bajo condiciones de “confidencialidad” y que por ello no pueden revelar detalles del mismo. La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, manifestó el primero de marzo “la mejor voluntad” del Gobierno para arreglar el conflicto. “Esperamos que sentándonos a la mesa se solucione”.

La prolongación de una decisión de GNF coincide ahora con el plazo máximo de la toma de posesión de la Superservicios. La multinacional parece a la espera de que Colombia de un primer paso en la disputa, para ellos dar el siguiente, que podría o no ser la queja ante el Ciadi.

Tal como ocurrió hace cuatro meses, la Nación y la compañía española permanecen en conversaciones. Este lunes habrá un nuevo intento de conciliación entre ambas partes, según conoció este medio por fuentes del Ministerio de Minas. Medios españoles también han difundido la noticia de este encuentro, y no descartan que se reúnan Fainé y el presidente Santos.

Sin alternativas

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, consideró que Gas Natural Fenosa no va a tomar una determinación, sin antes saber qué hará la Superintendencia de Servicios con la intervención a Electricaribe. “La estrategia que uno ve que ha seguido GNF es esperar a que la Superservicios tome una determinación. En la medida que al 14 (de marzo) no se tenga claridad por parte del Gobierno de una decisión de Gas Natural a comprometerse a hacer las inversiones, no creo que haya un camino distinto para la Superintendencia al de seguir hacia la liquidación”.

Acosta puntualizó en que “no tiene sentido” que devuelvan Electricaribe a Gas Natural sin una inversión respaldada, después del “esfuerzo” que ha hecho la Superservicios de “estabilizar la empresa” financieramente para evitar los racionamientos. “Sería un retroceso, no bien recibido por parte de los usuarios del servicio”.

El exministro señaló que la Superintendencia se está quedando “sin alternativas” porque solo estamos a unos días de la decisiva fecha, sin que se conozca una “respuesta concreta de Gas Natural Fenosa”. “No creo que a última hora se vaya a dar un milagro”.

Con fundamentos

El gerente seccional de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, Alberto Vives, señaló que el gremio considera que se necesita claridad sobre cómo va a funcionar la empresa porque “hasta ahora no ha habido ningún traumatismo”, tras la intervención. Sobre la decisión que se dará a conocer en esta semana acerca de lo que pasará con la empresa distribuidora y comercializadora de energía de la Costa Caribe, Vives sostuvo que la labor de la Superintendencia de Servicios Públicos ha sido “muy detallada y juiciosa”, por ello cree que la decisión que tome estará bien fundamentada.

Operarios de Electricaribe realizan mantenimiento de redes en un sector de Riomar.

Mandatarios de la Costa quieren soluciones de fondo

Mandatarios de la Región Caribe aguardan por una salida al deficiente servicio de energía que presta hace varios años Electricaribe. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, aseguró que “lo importante es que presten un buen servicio y a un costo justo”.

“Hemos presionado y trabajado con el Gobierno para que se encuentre la mejor solución. Hoy creemos que, a menos que haya cambios drásticos en la manera como abordan esta coyuntura, ellos (GNF) no son la solución. Sus ejecutivos han tratado de limitar sus responsabilidades en vez de buscar una solución de fondo”, enfatizó Char.

El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, sostuvo que espera que la Superservicios decida que la intervención sea “con fines liquidatorios y contrate un nuevo operador de energía” para la Costa Caribe. “Pedimos un operador con músculo financiero, con idoneidad, con experiencia, que haga las inversiones que necesita el servicio continuo y de óptima calidad”.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, insistió en la “liquidación de Electricaribe” como la solución al problema. Cuestionó la forma cómo ha sido manejado el proceso con GNF por parte de la canciller María Ángela Holguín luego de la intervención de la empresa.

Turbay contó que los mandatarios “acordaron” con el Gobierno Nacional que mientras estuviera la intervención de Electricaribe tendrían “especial cuidado en nuestras declaraciones” públicas. Sin embargo, manifestó que no le ha gustado el “planteamiento de la salida diplomática” de Holguín. “Por ningún motivo, por lo menos en Bolívar, aceptaremos que Gas Natural Fenosa vuelva a tomar el control de la empresa”. Agregó que no van a aceptar que la solución “sea distinta a la liquidación y la llegada de un nuevo operador”.

Eduardo Verano De la Rosa, gobernador del Atlántico, coincidió en que los cuatro meses de intervención no han significado que “la Costa esté fuera de riesgo”. “Todavía no se ha hecho nada. Tienen que invertir $1,5 billones en infraestructura eléctrica, eso aún no lo hay”.

Verano cree que “lo fácil” para arreglar la crisis energética en la Región sería que Gas Natural Fenosa acepte poner el dinero para las inversiones necesarias. “Pero si no es posible, la segunda opción sería que llegue un operador que sí esté dispuesto a poner la plata”.