Blindaje jurídico para acuerdos de paz, a punto de convertirse en norma constitucional

Acto legislativo para la paz pasa a último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En la aprobación entró el artículo que blinda el acuerdo final y eleva lo pactado a la categoría de acuerdo especial.

Con la aprobación en la Comisión Primera de Cámara del acto legislativo para la paz, en séptimo de ocho debates, el Congreso comenzó este miércoles a recorrer la ruta para el blindaje jurídico de los acuerdos de La Habana.

Luego de más de diez horas de debate, la célula legislativa avaló los cinco artículos de la iniciativa, incluyendo el que habla de que lo pactado con las Farc será un “acuerdo especial”, amparado por los Convenios de Ginebra.

Al final de la extensa jornada, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, agradeció el apoyo de la Comisión I de Cámara para la aprobación de la norma y dijo que este fue “crucial”.

El debate tuvo una participación muy amplia de los representantes a la Cámara por el Centro Democrático, quienes manifestaron sus críticas a la fórmula propuesta por el Gobierno –y aceptada por las Farc- para desarrollar los acuerdos alcanzados en Cuba.

Sin embargo, el abultado apoyo al proceso de paz, evidenciado en la votación de los cinco artículos, fue un nuevo ‘round’ que perdieron los uribistas en el Congreso, al punto de que cuando se votaba el cuarto artículo abandonaron el recinto.

Para desarrollar lo acordado con las Farc se aprobó la creación de un procedimiento especial para que el Congreso tramite los proyectos de ley y las enmiendas a la Carta Política necesarias.

Igualmente se le dieron facultades extraordinarias al Presidente de la República exclusivamente para expedir decretos con fuerza de ley en el mismo sentido, y se habilitó un “plan de inversiones para la paz” que funcionará los próximos 20 años.

En este proyecto también se incluyó un artículo que indica que lo pactado con la guerrilla tendrá la categoría de “acuerdo especial” y que posteriormente se debe tramitar un proyecto de ley que lo incorpore al conjunto de normas que rige al Estado colombiano. Este fue el primer paso para blindar los acuerdos de La Habana.

En el debate de este miércoles se hundió una ponencia que presentó el representante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada y que buscaba el archivo de todo el acto legislativo.

En su intervención, Prada manifestó que esta reforma a la Constitución “afecta el equilibrio funcional del Estado” y que en ella se “evidencia que hay un poder presidencial” que influiría en el resto del Estado.

Sin embargo, los argumentos de Prada no lograron convencer a sus compañeros, que hundieron su ponencia por 26 votos en contra y 4 a favor.

La defensa

La defensa de la iniciativa la encabezaron los representantes a la Cámara Carlos Edward Osorio y Hernán Penagos, ambos de ‘la U’, quienes explicaron las bondades de esta reforma constitucional.

Osorio dejó claro que el Congreso no está legislando “de espaldas al país” ni “a partir de lo que impongan” las Farc. “Quizás nunca hemos estado tan cerca de consolidar una paz”, dijo el congresista tolimense.

Penagos explicó que en el “tránsito” de la enmienda se dejaron “constancias” en el sentido de que lo pactado con las Farc sería un acuerdo especial. “Nunca un acuerdo especial será un tratado porque no es suscrito entre naciones”, explicó el legislador caldense.

Luego de las intervenciones de todos los representantes de la Comisión Primera de Cámara, las mayorías de los partidos que apoyan la manera como se ha desarrollado el proceso de paz aprobaron el acto legislativo, que pasará a su octavo y último debate en la plenaria de la Cámara.

En medio de la sesión se conoció una carta del procurador General, Alejandro Ordóñez, al presidente de la Comisión Primera de Cámara, Miguel Ángel Pinto, en la que le expresó algunas “observaciones” al acto legislativo.

Al igual que la bancada uribista, el jefe del Ministerio Público solicitó una audiencia pública sobre el proyecto antes de terminar su trámite en el Congreso, la cual se realizaría el jueves de la próxima semana.

De otro lado, el procurador Alejandro Ordóñez le envió una carta a la Comisión en la que cuestiona el proyecto y pide que haya una audiencia pública antes de que sea aprobado por el Congreso.