La Cámara de Comercio de Valledupar formuló observaciones sobre las obras de gran impacto que han generado inquietudes entre la clase dirigente y los pueblos del Cesar y La Guajira.

En tal sentido, el Presidente Ejecutivo de ese órgano de organización comercial, José Luis Urón Márquez, envió el siguiente escrito a los medios de comunicación:

La puesta en marcha de nuevas concesiones de infraestructura de transporte en el departamento del Cesar, obedece a una estrategia nacional para mejorar uno de los doce (12) factores de competitividad y lograr de esa manera, disminuir el tiempo de recorrido y los costos de viaje de carga y pasajeros, entre los polos industriales del centro del país y los puertos del Caribe colombiano. Es por ello, que con frecuencia, la prensa local hace referencia a estos proyectos de primer orden, que por su naturaleza y nivel de responsabilidad, demandan grandes recursos económicos y una estructura organizacional y administrativa sin precedentes.

Construcciones viales como la Ruta del Sol 2 y 3, la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena y la reactivación del ferrocarril central, son ejemplos de intervenciones en nuestro territorio, y que secuencialmente se irán integrando con otros proyectos de alcance similar, como sucede con el nuevo proyecto vial entre San Roque, en el centro del Cesar, y Cuestecitas en La Guajira.

Estas concesiones tienen una vida legal de más de treinta años, por lo que tendremos la oportunidad de interactuar con ellas y encontrar oportunidades de trabajo en su cadena productiva, como sucede con las concesiones mineras de carbón en el Cesar y en La Guajira, que entre empleos directos e indirectos han vinculado a más de 30.000 personas. Pero cuando esos proyectos mineros comenzaron, ni las instituciones, ni la dirigencia local estaban preparados para entender los alcances de los contratos y las obligaciones sociales y ambientales que representaba su operación, por lo que muchas oportunidades laborales las fueron llenando personas y empresas de otras regiones del país.

Cabe aquí la mención del proyecto Aeropuerto Alfonso López de Valledupar, cuyo Plan Maestro se aprobó mediante resolución Aerocivil 824 de 2009, utilizando datos que no reflejan la dinámica económica y los actores locales, cuyo resultado sería una terminal aérea que respondería funcionalmente a un solo vuelo diario. Gracias a la insistencia de la Cámara de Comercio de Valledupar, la nación intervino para subsanar parcialmente el error, autorizando ampliaciones de áreas e instalación de aire acondicionado y generando el espacio de interlocución para aspirar, a través del Plan Maestro de Transporte Intermodal, o la asignación de nuevos recursos para contar con un aeropuerto con las dimensiones que requiere Valledupar, que por su condición de ciudad región, es el epicentro funcional del Diamante Caribe y Santanderes.

El proceso de planificación del reciente contrato APP 006-2 de 2015, suscrito por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y la concesión vial Cesar – Guajira SAS, tiene en común con los proyectos antes mencionados, la falta de socialización previa con los gremios, la academia, la representación política y las autoridades territoriales, quienes tienen mucho que aportar en el dimensionamiento de las iniciativas nacionales en nuestro territorio.

El debate de temas sensibles como la categoría y ubicación de los peajes a lo largo de la red vial, no debería haberse iniciado hace menos de un mes, como resultado de la socialización efectuada por parte de la empresa concesionaria a solicitud de la Cámara de Comercio, la magnitud de estos proyectos requería que la dirigencia política del Cesar estuviera sintonizada liderando mesas de trabajo con la empresa constructora Cóndor, los gremios y los representantes de las comunidades, desde la fase de conceptualización del proyecto, cuando apenas era una iniciativa que se presentaría a consideración del Gobierno Nacional.

Este proyecto vial prevé la instalación de peajes en las vías que desde Valledupar van hacia Rio Seco, el puente Salguero y una nueva calzada entre Salguero y San Diego, las cuales sumadas al peaje de Valencia a cargo de la concesión Yuma, encierran las entradas a esta ciudad, sin tener un tratamiento preferencial de tarifas por estar dentro del municipio, lo cual no distingue, entre transportar estudiantes, trabajadores o empresarios.

Diferentes voces de autoridades territoriales y políticas piden que se muevan los peajes a otros puntos de la geografía, entre los mismos tramos viales, con el propósito de favorecer a una u otra comunidad rural y reducir el impacto de la tarifa que hoy no se paga por transitar en esas vías, pero aquí debemos llamar la atención sobre los siguientes puntos:

La fase de planificación financiera donde se modeló la distribución de los peajes fue agotada sin que esas voces, que hoy se pronuncian en contra de los peajes, hayan estado presentes para ayudar en el análisis y consecuencias de su posible ubicación.

La carencia de visión planificadora de autoridades territoriales, desestimaron las observaciones sobre el diagnóstico y posterior formulación del POT de Valledupar, que la Cámara de Comercio envió por escrito al Alcalde y al Concejo Municipal, donde se advirtió no encontrarse la propuesta de visión territorial a doce años, la cual debía contemplar la evidente influencia en la movilidad supramunicipal del proyecto Universidad Nacional, localizado en el municipio de La Paz y la demanda creciente de bienes y servicios por parte de la actividad minera, localizada en la Guajira y el centro del Cesar.

En el instrumento territorial que se aprobó a mediados de este año, no se presentaron fórmulas para potenciar el uso del suelo rural; se desestimó la condición de departamento fronterizo y municipio zona de frontera, que le da preferencia en el acceso a los programas y proyectos nacionales, los cuales pudieran servir de catalizadores de estos proyectos estratégicos para la competitividad del país.

Sobre los peajes y la ubicación definitiva, así como las características generales de la zona a cargo de la concesión, consideramos que existen varios puntos que pudieran llevarse a la mesa de trabajo:

* La Cámara de Comercio de Valledupar ha ofrecido a las empresas concesionarias su apoyo a través de los programas de emprendimiento y formalización empresarial, para fortalecer los instrumentos de gestión social que deben poner en acción como parte de las obligaciones contractuales, que incluyen un Plan de compensaciones socio – económicas, un Plan de gestión social contractual y un Plan de reasentamientos, con los cuales se espera potenciar la capacidad de las comunidades en la generación de riqueza y el mejoramiento de su calidad de vida.

* Los corredores viales en su totalidad, deberían contar con ciclorrutas y carriles especiales para motos, a quienes se les eximiría del cobro de peaje.

* No quedarse en la respuesta de caseta de peaje con ambulancia, carro grúa y baños, sino integrarlas a un parador turístico donde los viajeros encuentren zona de comidas, parqueaderos de carros, motos, buses y camiones, donde además los pobladores locales puedan ofrecer sus productos a los visitantes y turistas. Sería adecuado contar con un centro de descanso, un punto de información al viajero y proyectarse como nodo de conexión con otros medios de transporte, como buses intermunicipales, buses turísticos y el sistema de transporte masivo de Valledupar.

* Implementar un sistema de vigilancia con cámaras a lo largo de los corredores viales, con el propósito de apoyar a las autoridades en la lucha contra el contrabando y las actividades ilícitas que requieren movilizarse a través de la red carretera.

* Brindar servicio de WiFi gratis en todo el recorrido de la concesión, lo que aumentaría la percepción de pago por un servicio justo y de calidad.