El Congreso comenzará desde esta misma semana a trazar las líneas gruesas de la reforma constitucional para darles vida jurídica a los acuerdos con las Farc.

De la Calle, reconocido como uno de los arquitectos de la Constituyente que dio vida a la Carta Política de 1991, entonces ministro de Gobierno, será ahora el encargado de darles los insumos a los legisladores para que construyan el articulado de esa reforma constitucional.

El propósito es que la línea que dé De la Calle, que por supuesto estará cimentada en los acuerdos de La Habana en torno a refrendación e implementación, sirva para construir el articulado de la enmienda constitucional que deberá estar listo en septiembre.

Los partidos de la Unidad Nacional y el sector de los conservadores que siempre han estado con el Gobierno sostendrán un par de reuniones para analizar las pautas del jefe de la delegación oficial de paz. La idea es que el articulado final que vaya a discusión en el Congreso tenga el visto bueno de la Casa de Nariño, por lo que antes de radicarlo será enviado a revisión del Gobierno.

De hecho, a partir del lunes próximo comenzarán a acudir a Palacio las bancadas de Senado y Cámara de los partidos de ‘la U’, Liberal y Cambio Radical –que conforman la Unidad Nacional– para discutir los avances de la construcción de la iniciativa con el presidente Juan Manuel Santos.

Todo esto tiene como fin enriquecer el proyecto de reforma constitucional que será de origen parlamentario, algo similar a lo que ocurrió cuando se tramitó el Marco Jurídico para la Paz, pues fue impulsado por el Legislativo pero tuvo la asesoría constante del Gobierno.

“Es evidente que tiene que usarse el camino constitucional del Legislativo. El Congreso será, según nuestro criterio, un protagonista de las reformas para implementar los acuerdos”, enfatizó el liberal Luis Fernando Velasco, presidente del Senado.

En el Congreso tienen claro que las líneas generales de la enmienda que comenzará a tramitarse para facilitar la implementación y refrendación de los acuerdos serán el fruto de las conclusiones de la mesa en La Habana.
Lo que se está buscando ahora, incluso acercándose a la oposición que representa el uribista Centro Democrático, es construir el consenso político mínimo que se requiere para darle vida a esta reforma.

De hecho, el senador Álvaro Uribe, su líder, anunció que el próximo martes hará pública una carta sentando su posición sobre el tema.

En todo este debate, que se abrió tras una reunión de más de tres horas el martes en la Casa de Nariño, ya se comenzaron a explorar componentes de esa reforma constitucional.

Uno de ellas es la de otorgarle facultades extraordinarias al presidente Santos para que implemente algunos temas, como los relacionados con política y justicia.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó a CNN que “hay sectores que han planteado el tema para adoptar las medidas de justicia transicional, participación en política o, incluso, para que después de cumplir el trámite del acto legislativo, si se llega a tomar esa decisión, el Presidente tuviera la facultad de designar a integrantes de las Farc en la comisión legislativa”.

El funcionario se refería a otro tema que se ha debatido, que es la necesidad de conformar una comisión especial legislativa que tendría –entre otras– la facultad de tramitar con mayor celeridad las leyes y reformas constitucionales que se requieran para implementar los acuerdos.

“Lo que se pacte en La Habana hay que meterlo en nuestro ordenamiento jurídico y esta comisión lo haría en menor tiempo”, precisó el senador de ‘la U’ Armando Benedetti.

Además, cabe la posibilidad de hacer cambios en los mecanismos de refrendación popular como el referendo o el plebiscito, para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre lo pactado con las Farc en otras condiciones menos exigentes.

El expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla pidió mayor claridad sobre lo que se vaya a incluir en la reforma planteada, ya que “lo ideal es saber qué es lo que se le va a otorgar a un grupo de alzados en armas que no están interesados en la paz, sino en el poder”. En esto lo respaldó el exmagistrado Mauricio Fajardo, quien reiteró que primero debe haber un trámite legislativo para poder hablar de desarrollo de los acuerdos.

El debate está abierto y es seguido muy de cerca por Santos, pues toda esta filigrana jurídica que se está tejiendo es clave para consolidar su principal desafío histórico: terminar el conflicto armado.