Contraloría confirmó responsabilidad fiscal de $60.023 millones a Prodeco en el Cesar
La Contraloría General de la Nación confirmó en fallo de segunda instancia, la responsabilidad fiscal de $60.023 millones por parte de Prodeco en el Cesar.
El contralor Edgardo Maya Villazón, confirmó en fallo de segunda instancia, la responsabilidad fiscal por 60.023 millones de pesos por parte del exministro de Minas, Hernán Martínez; el exdirector de Ingeominas, Mario Ballesteros; el director técnico de dicha entidad, José Fernando Ceballos; Prodeco y la compañía La Previsora.
El jefe del ente de control fiscal resolvió en auto del 21 de agosto de 2015 los recursos interpuestos contra el fallo de primera instancia proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que los condenó a pagar la suma señalada.
El detrimento patrimonial fue ocasionado por el ajuste que se hizo, mediante el otrosí No. 8 del 23 de enero de 2010, al contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito entre Prodeco e Ingeominas.
Para la Contraloría “se modificó de manera injustificada la fórmula para el cálculo de regalías y contraprestaciones económicas previstas en el mismo, causando un detrimento patrimonial durante el denominado ‘periodo de transición’, como consecuencia de la disminución infundada de recursos económicos que venía recibiendo el Estado por la explotación de la mina de carbón ‘Calenturitas’, en el Cesar”.
Debido a los cambios realizados en el cálculo de los ítems de regalía básica, regalía adicional y compensación por ingresos brutos, para la producción del año 2010, el Estado dejó de percibir 52.214 millones de pesos, que se convirtió en 60.023 millones de pesos al ser indexada a la fecha del fallo de primera instancia, señala el organismo.
“Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí 8, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones, para el período de transición”, advirtió la Contraloría, y agregó que “el otrosí se realizó sin los estudios preliminares y sin la debida planeación, que ameritaba un contrato de gran minería, fundamental para los intereses patrimoniales de la Nación”.
Dichas regalías se iban a usar para satisfacer necesidades básicas de salud, educación y saneamiento básico, de los pobladores de los municipios de Becerril, la Jagua de Ibiríco, y El Paso, en el Cesar.
