Por 8 votos contra uno, el tribunal constitucional le dio el sí a ese mecanismo, que permite una vía rápida en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales que se necesitan para implementar el nuevo acuerdo de paz con las Farc.

Según la sentencia, el Congreso deberá ratificar si la refrendación que hizo hace dos semanas de los acuerdos es suficiente, caso en el cual el ‘fast track’ entrará a regir plenamente.

La Corte dice que la refrendación “puede concluir en virtud de una expresión libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democrática (Congreso), sin perjuicio de eventuales espacios posibles de participación ciudadana para la revisión específica de aspectos concretos ulteriores (mecanismos de participación ciudadana en la implementación del Acuerdo Final)”.

En todo caso, esa decisión deberá ‘interpretar de buena fe’ todas las posiciones sobre la paz y evaluar si la renegociación de los acuerdos tras el triunfo del ‘No’ el pasado 2 de octubre es suficiente, pero también tener en cuenta las multitudinarias marchas que exigieron que se salvara el proceso de paz.

Además, la refrendación en el Congreso, cuya legitimidad fue avalada por la Corte, no impide que en el futuro aspectos puntuales del acuerdo sean sometidos a alguno de los mecanismos de participación popular.

La decisión de aprobar el ‘fast track’ también se dio cuando la Corte determinó que el mecanismo no viola la Carta Política porque fue el mismo Congreso el que aprobó estas reglas en un debate abierto y democrático y, además, que en todo caso las normas que se aprueben tendrán control de la Corte Constitucional, que podrá tumbarlas si considera que están en contra del espíritu de la Carta del 91. Y, lo fundamental, pretende coadyuvar a un fin fundamental para la Nación, como es el logro de la paz. (Lea también: Tres claves para entender el debate en la Corte sobre el ‘fast track’)

La aprobación era clave porque está ligada íntimamente al éxito del proceso de paz.

Como nunca, las Farc están jugadas por su desmovilización, desarme y regreso a la vida civil. Para eso se necesitan normas urgentes que le den seguridad jurídica a lo pactado, como las leyes de amnistía e indulto amplios que beneficiarán a la mayoría de miembros de esa guerrilla, y la creación de la Justicia Especial para la Paz.

Si hay ambigüedad, el riesgo de que al menos parte de la guerrilla piense que no les van a cumplir con lo pactado atenta contra el mayor logro, hasta ahora, del proceso: el cese de fuegos y hostilidades.

Con las normas actuales, esos cambios legislativos y constitucionales podrían dilatarse dos periodos legislativos, es decir hasta finales del 2018. Y acá es donde entran las razones de segundo índole: las políticas.

El año 2017 es un año preelectoral, y el segundo semestre los congresistas, como ocurre cada cuatro años, estarán pensando más en sus propias campañas de reelección y en las presidenciales del 2018 que en los intereses del país. (Además: La Corte Constitucional y la paz: entre agilidad y legitimidad)

Así que evitar que la paz caiga en los cálculos electorales es fundamental, y eso será más viable si los proyectos más importantes están aprobados a más tardar en junio próximo.

El ‘fast track’ es clave para que el Gobierno pueda implementar el nuevo acuerdo de paz con las Farc, modificado después de que ganó el ‘No’ en el reciente plebiscito. Es decir, que este mecanismo permitiría la reducción de los tiempos en los que el Legislativo tramitaría las normas necesarias para implementar el acuerdo con la guerrilla.

En Colombia, el ‘fast track’ –o procedimiento legislativo especial para la paz– permite que trámites legislativos sean aprobados en tiempo record. Por ejemplo, reformas constitucionales que usualmente tardarían un año, podrían tramitarse entre dos y tres meses.