Corte Constitucional tiene demanda para proceso que tumba plan de salvamento a Electricaribe
Una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo, podría poner en apuros el plan de salvamento de Electricaribe, aprobado por el Congreso.
Se trata de un documento, radicado por el defensor Carlos Alfonso Negret, tiene las alarmas prendidas dentro del sector público y privado, aun cuando el mismo funcionario desistió de la demanda, pero esta no ha sido archivada.
De hecho, fuentes que conocen el proceso aseguran que si bien Negret frenó su intención de demandar la norma, el magistrado Alberto Rojas Ríos aún no ha archivado el proceso, el cual se encuentra suspendido desde el pasado 25 de septiembre, por razones de incapacidad médica del togado.
Esto, en la práctica, mantiene vivo el proceso, que podría ser retomado por Rojas Ríos una vez regrese de su licencia, tal y como ha sucedido en ocasiones previas en las que la Corte Constitucional acepta el estudio de una demanda, incluso por encima de la decisión de retiro.
ARGUMENTOS DE NEGRET
Así las cosas, el plan de salvamento de la electrificadora, plasmado en varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 sigue con un pie dentro del alto tribunal, que podría estudiar su posible hundimiento, según confirmaron fuentes de la Corte Constitucional. No obstante, el magistrado también podría archivarlo.
Sea uno u otro el futuro, el principal argumento de la demanda de Negret apela al artículo 313 del PND, con el cual se creó la sobretasa al servicio de energía (de $4 por kilovatio/hora) en todo el país, la cual ya están pagando los usuarios de estratos 4, 5 y 6, los industriales y los comerciantes.
Sobre esto, la Defensoría anotó que este cargo a pagar corresponde, según la jurisprudencia, a un impuesto nuevo y no a una sobretasa, como se le denominó en su momento, de tal modo que no sería constitucional su cobro.
Esto, teniendo en cuenta que los ingresos percibidos “no representarán ningún beneficio o mejora en la prestación del mismo para los usuarios contribuyentes”, y a que “el pago no es optativo, puesto que, mientras se mantenga la vigencia de la norma demandada, será obligación de los usuarios señalados en el hecho generador, la de pagar sumas correspondientes al cargo adicional, sin que exista ninguna posibilidad de negarse al pago”, reza la demanda.
En plata blanca, el Ministerio Público señala que la ley del PND viola la prohibición que existe de crear rentas nacionales con destinación específica, que en este caso irían a pagar el pasivo pensional de Electricaribe, de tal modo que el nuevo operador no tenga que asumir dicha deuda.
Sin embargo, de acuerdo con la demanda de Negret, “el establecimiento de cualquier renta de carácter nacional que se encuentre dirigida a financiar de manera especifica una necesidad concreta y no a aportar de forma global al cumplimiento de todas las funciones ejercidas por el Estado, resulta, inconstitucional (…)”.
Así, en más de 40 páginas, el funcionario expone la presunta inconstitucionalidad que tendrían los tres artículos demandados, que también, según su opinión jurídica, trae consigo un componente de violación al principio constitucional de la igualdad.
“Al establecer un tratamiento diferenciado materializado en que la Nación podrá condonar a Electricaribe los recursos públicos destinados para asumir su pasivo pensional, prestacional y de obligaciones (…) se viola el derecho a la igualdad, en tanto existen empresas prestadoras de servicios públicos que, presentando las mismas circunstancias de iliquidez de Electricaribe, no les resultan extensivos los beneficios dispuestos para dicha empresa, a través de las disposiciones aquí demandadas”, agrega.
CONTRAPUNTEO
El representante a la Cámara, César Lorduy, celebró que se haya desistido de la demanda, “debido a que la misma impactaba directamente el plan trazado para salvar el servicio de energía en el Caribe”. Sin embargo, con la posibilidad de que esta ‘reviva’, es importante lo dicho por el congresista, cuando se conoció que Negret había interpuesto ese recurso.
En su momento, Lorduy aseguró que: “Nos agobia la demanda que interpuso la Defensoría, ya que acabaría con la esperanza de resolver de una vez el problema del servicio de energía en el Caribe (…). La región no puede quedar a oscuras, lo que ocurría si la demanda de la Defensoría del Pueblo prospera. El servicio de energía para el Caribe ya está garantizado en el Plan Nacional de Desarrollo, eso lo aprobamos y lo defenderemos”.
La cuestión es que, al tener aún posibilidades, la Corte podría tener la última palabra sobre este plan de salvamento, aun cuando el pasado 1.° de octubre se comenzó a cobrar la sobretasa aprobada.
Sobre esta última, los cálculos de la Superintendencia de Servicios Públicos revelan que el incremento promedio en la factura de los estratos será de $680 para el 4; de $800 para el 5 de $800 y de unos $1.000 para el 6. En total, el recaudo por esta nueva contribución será de unos $180.000 millones anuales, si no se cae la norma.
