De 41 involucrados en corrupción en la Guajira, ya van 21 capturados

En cumplimiento del plan ‘Bolsillos de Cristal’, la Fiscalía General de la Nación ha capturado a 20 de las 41 personas involucradas en presuntos actos de corrupción en el departamento de La Guajira.

Otras 11 personas serán acusadas de varios delitos que se les imputarán próximamente. Entre estas se encuentran funcionarios públicos, como el exgobernador Jorge Pérez Bernier y el exalcalde de Riohacha Rafael Ceballos Sierra, contratistas y particulares comprometidos en presuntos contratos irregulares, de sectores como la educación, acueductos, salud, atención a la primera infancia y obras civiles, afirmó ayer el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

El funcionario, en el bunker de la Fiscalía en Bogotá, presentó un balance preliminar de las irregularidades que durante dos meses halló un grupo de fiscales de la Unidad Nacional Anticorrupción.

“La corrupción en La Guajira ha alcanzado un carácter sistémico, que obliga a las autoridades y a la propia ciudadanía a desarrollar las acciones necesarias para que este no termine siendo un caso de un departamento fallido”, afirmó Martínez.

En el caso del ICBF, la Fiscalía investiga dos contratos que suman $3.421 millones  que iban destinados a la atención integral de 1.400 niños, de 0 a 5 años, y madres gestantes o lactantes. Por las irregularidades se habría cometido un peculado por $1.495 millones, casi la mitad del recurso destinado para esto. El contrato fue firmado con la Asociación Asomilenio.

El Fiscal General afirmó que encontraron facturas falsas que cobraron de manera irregular por valor de $500 millones y cobros de arrendamientos que superan el doble del valor real, así como el pago a celadores que no prestaron el servicio o les pagaban suelos menores a los reportados.

La Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra 14 personas como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. 12 de los implicados ya fueron capturados, entre ellos Jorge Mejía Herrera, excontralor de La Guajira; su hija María de Jesús Mejía; Leyla Montalvo, coordinadora del Centro Zonal del ICFB Riohacha; Daisy Villar Fuenmayor, quien fue candidata a la Alcaldía de Dibulla y actual representante de la fundación Alimentando Mi Región. Otros de los detenidos fueron Wilmer Peñaloza, William Alejandro Villar, Johan Enrique Rodríguez.

Los operativos se llevaron a cabo por el CTI de la Fiscalía en Riohacha, Maicao, Mingueo, Manaure y Santa Marta. Al cierre de esta edición se llevaban a cabo las diligencias de legalización de las capturas en el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Riohacha.

Como responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, el exalcalde Rafael Ceballos y otras 10 personas se encuentran involucradas en la investigación de la Fiscalía General por la construcción del acueducto del corregimiento de Camarones.

El ente investigador dijo que en la construcción y puesta en marcha del acueducto, por valor de $12.102 millones, detectaron una serie de presuntas irregularidades. EL HERALDO conoció que las imputaciones a Ceballos, así como al exsecretario de Obras Julio Vega y al representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, y otros involucrados, se llevarán a cabo el 17 y 18 de noviembre.

“Dentro de la investigación se evidenció que la inversión efectuada por la Alcaldía no correspondía con las obras construidas y que el contratista subcontrató el total de la obra con terceros. Aunque la obra fue terminada, a la fecha no se encuentra en funcionamiento: el agua no es apta para el consumo humano y al parecer se presentaron sobrecostos”, afirmó el fiscal Martínez.

También se indaga sobre el Plan Departamental de Aguas, que incluye los acueductos de Manaure, Uribia, Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro y Pondores.
En materia de educación, la Fiscalía obtuvo nueve órdenes de captura y dispuso la imputación a tres implicados como posibles responsables de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Por este hecho ayer fueron capturadas dos personas, no identificadas por las autoridades, y le imputarán cargos al exgobernador Jorge Pérez, quien estuvo al frente de la administración entre 2008 y 2012.

Según el fiscal, en 2009 contrataron la construcción de 42 megacolegios por $149.000 millones y al revisar encontraron sobrecostos y facturaciones falsas en los anticipos que generaron un detrimento a La Guajira por cerca de $22.000 millones.

La Unión Temporal del Norte, integrada por Ávila Limitada y H&H Arquitectura –vinculada a los escándalos contractuales de los Nule en la Costa–, fue la empresa que ejecutó el contrato. Tenía entonces como representante legal a Carmenza Ávila Chassaigne.

La Contraloría también abrió juicio de responsabilidad fiscal por este caso y estimó que en la Gobernación de La Guajira “omitieron” normas legales con respecto a la selección objetiva y concluyó que en la contratación se detectaron “sobrecostos” que se “hicieron visibles” debido a que la Unión Temporal del Norte subcontrató con terceros la ejecución de obras de 15 Instituciones Educativas, en los que los ítems subcontratados son menores en precio a los pactados en el contrato principal.

Anomalías en Salud y Albania
La Fiscalía investiga también cómo a través de la IPS Mareigua, que administran integrantes de la comunidad wayuu, y la clínica odontológica de Maicao, en los últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud, mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga pagos indebidos provenientes del Fosyga. En este caso, en una primera fase de la investigación la Fiscalía imputó a 8 personas y ha dispuesto la captura de cuatro   por los delitos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento público.

La Fiscalía también revisa varios convenios interadministrativos. En Albania, por ejemplo hubo “serias irregularidades” en un programa ejecutado en marzo y junio de 2011 a través de los convenios 008 y 041. El objetivo “reducir la mortalidad infantil”, pero de los $18.990 millones se apropiaron de $6.591 millones que dejaron de pagarles a 1.450 personas sin requisitos mínimos, otra parte de los contratos no se hizo, hubo doble contratación en el programa de salud mental y diferencia de valores entre lo contratado y lo pagado a subcontratistas.

En este proceso la Fiscalía adelanta acusación contra 11 personas, entre ellas Yan Kéller Hernández Herazo, conductor de la dirigente Oneida Pinto quien en octubre de 2011 fue elegida alcaldesa de Albania. La Fiscalía indaga qué responsabilidad tuvieron otras personas en estos hechos.

Recientemente, a Pinto el Consejo de Estado le anuló la elección como Gobernadora, cargo que ocupó por siete meses . Y ahora la misma Fiscalía la investiga por presuntas amenazas contra el gobernador (e) Jorge Enrique Vélez, contra quien, de acuerdo con el ente acusador, se fraguaba un plan para asesinarlo.