Desde La Guajira operaba la más grande organización criminal del contrabando

Desde la ciudad de Maicao, en La Guajira, operaba el clan familiar que introdujo 11.000 millones de cigarrillos de contrabando al país entre 2006 y 2015 y cuya organización fue desarticulada en un vasto operativo en el que participaron la Policía Fiscal y Aduanera, la Dian, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía y la Uiaf.

El proceso contra los 14 delincuentes capturados por el proceso que se abrió y por las de investigaciones de más de año y medio, está radicado en Valledupar y en él aparece inclusive, un compositor de música vallenata.

Durante 18 meses, la Fiscalía General, la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en asocio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), siguieron  las huellas de la “organización criminal” que entre 2006 y 2015 dejó de pagar $465.686 millones en impuestos.

La red era encabezada por Óscar Toro Henao y su esposa Yohani Franco Ramírez, residentes en Fusagasugá, Cundinamarca; Jairo Gil Ruiz, cuñado de Toro y residente en Medellín; su hijo Jaime Gil Toro, y los comerciantes Diego Rúa Restrepo y José Díaz Maestre.

Los tres últimos fueron capturados en Maicao, La Guajira, junto con Hernán Serna Castro, Jennifer Toro Rochel, Osneidis González Mejía, Dulcina Rodríguez Solano, Nordis Bernal Urbaez, Elerin Gómez Polanía y Yuri Cuadrado Brito, administradores, contadores y revisores fiscales de empresas como Inversiones 5 Estrellas, Provisiones El Tesoro, Inversiones Toro Franco, Provisiones Siglo XXI, Comercial Jimmy, Comercial Sofi G, Comercial Hobby, Provisiones Jogui, Bodegas Costa Azul, Comercial Zúñiga, Provisiones Anymar y la empresa Portobello, utilizadas por el cartel para negociar cigarrillos. También importaron licores, como whisky, aunque en menor cuantía: 75.000 litros.

Con excepción de Jennifer Toro –dos meses de embarazo con riesgo de aborto– y Jaime Gil –enfermo con cáncer terminal– a quienes les dictaron detención domiciliaria, la jueza primera penal municipal de Valledupar con funciones de control de garantías para bandas criminales, Luz Patiño, envió a la cárcel a los otros 12 capturados.

También se encuentran Óscar Parra Rivera, agente de la Polfa, quien es señalado de recibir sobornos. “Él traicionó su compromiso ético y profesional”, consideran sus superiores.

“Hemos decapitado una verdadera estructura criminal”, dijo el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, tras el resultado de la investigación que calificó como “perfecta”.

El Fiscal General (e) Jorge Perdomo dijo que lo logrado hace parte de la nueva política de las “investigaciones en contexto”, a través de la cual buscan llegar a “grandes organizaciones criminales”.

La gigantesca red que manejaban los esposos Toro Franco terminaron construyendo con las ganancias, el lujoso Centro recreacional Valle de Elí en Fusagasugá.

Un fiscal involucrado en la investigación detalló que la organización importó 11.807 millones de cigarrillos de Paraguay –Tabacalera del Este, propiedad del presidente Horacio Cartes–, de Uruguay –Tabacos Monte Paz–, y de China. Los compraron a empresas radicadas en Aruba, Curazao y Panamá.

De acuerdo con el régimen existente, a través de Zonas Aduaneras Especiales como la que integran las poblaciones guajiras de Maicao, Uribia y Manaure, pueden hacerse importaciones de cigarrillos pagando un 4% de impuesto, pero los dueños de esa mercancía deben reexportarla.

“Eso fue lo que descubrimos: no lo hicieron a Venezuela como le reportaban a la Dian. Usaron facturas falsas, con nombres de venezolanos a los que decían les vendían los cigarrillos”, indicó la fuente de la Fiscalía. Por eso las advertencias de “cuadrar todo bien” que escucharon los investigadores.

La Policía designó para este trabajo, a varios de sus más expertos investigadores en seguimientos a bandas criminales dedicadas a otras actividades, como el Clan Úsuga.

Justamente, en investigaciones pasadas el contrabando de cigarrillos fue asociado al lavado de dólares de parte de grupos señalados de narcotráfico como las Farc y los Úsuga (anteriormente Urabeños). Una vez conocieron que la empresa criminal no reexportaba los cigarros a Venezuela ni a otro país, la investigación se dirigió a saber qué pasaba con las miles de cajetillas de marcas como Marshal, Ibiza, Silver Elephant, Golden City, Rumba, Brass, Aura, Win, NorthStar, Santa Fe, Lanco, entre otras, que compraban mes tras mes.

Descubrieron entonces que en el modus operandi utilizaban buses intermunicipales, camiones con doble fondo, caletas hidráulicas y tanques  de gasolina falsos para distribuir la mercancía en todo el territorio nacional.

El 39% lo vendían en la Región Caribe; el 40% en Antioquia y Chocó; el 9%, en los santanderes; el 7% en Bogotá y el 5% en el Eje Cafetero.

Tras detallar que de Paraguay y Uruguay trajeron 8.100 millones de cigarrillos y de Panamá 3.700 millones, el delegado de la Fiscalía explicó ante la juez Luz Patiño que los cigarrillos importados pueden tener un precio de 75 dólares por paca para los mayoristas, unos $160.000, pero en Maicao son vendidas entre $280.000 y $330.000 cada una, según la marca, teniendo ganancias en principio de entre $120.000 y $170.000, pero una vez superados los controles, la paca puede costar en Valledupar $500.000.