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En la UPC denuncian imposición y vulneración de derechos de participación y elección en la escogencia de Darling Guevara como rectora

Diversos estamentos de la Universidad Popular del Cesar denunciaron que hubo una vulneración de derechos de participación y libertad de elección, al criticar la forma como se escogió a Darling Guevara como rectora de ese centro de formación superior.

Los candidatos que participaron en la fallida convocatoria estamentaria, advirtieron que hubo violación a Ley 30, del 28 de diciembre de 1992, que vela por las normas y la autonomía universitaria como derecho fundamental para la toma de decisiones de carácter administrativo.

Las denuncias jurídicas por parte de los excandidatos a la rectoría de la universidad estuvieron presentes hasta las últimas instancias del proceso de la designación del rector.

Miembros del Concejo Superior Universitario, fueron acusados de recusación, al presumir poca credibilidad e imparcialidad en este caso del consejo para designar al encargado de la rectoría, por una amistad, interés o afinidad con alguno de los candidatos en particular.

Darling Guevara Gómez, fue designada por el CSU, entre los cinco candidatos con seis votos a favor para el cargo de rector, de la Universidad Popular del Cesar, en el periodo 2020-2023, una elección que no fue sorpresa para la comunidad estudiantil debido al apoyo político que tuvo durante toda su campaña para ocupar el máximo cargo en la rectoría del plantel y sus propuestas en beneficio de la UPC, según fuentes consultadas.

La decisión de anular la consulta estamentaria y proceder a una elección directa por parte del Consejo Superior Universitario, CSU, de la Universidad Popular del Cesar, según el abogado Nasser Araujo, no es ilegal debido a que el Consejo tiene las plenas facultades para tomar dicha decisión.

“La designación es legal porque durante varios meses se hizo un consenso público al que no se llegó a un acuerdo. Por tanto el Consejo Superior Universitario, tiene la facultad de tomar la decisión en plena legalidad de designar a un rector en propiedad, porque su ausencia le estaba causando daños a la entidad”, afirmó el abogado Nasser Araujo al diario El Pilón

 

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