Familia Araujo Noguera figura detrás de contratos de alimentación escolar investigados
La familia Araujo Noguera, figura detrás de la contratación escolar que es investigada por corrupción, por la Contraloría General de La Nación, el Ministerio de Educación y otros órganos de control.
La Contraloría señala a esta familia, de ser los responsables de Kábala (hoy es Fundación Acción Social Integral), que, como lo reveló EL TIEMPO, ha cambiado por lo menos cuatro veces de nombre en los últimos 13 años.
Esta firma, según una auditoría de la Contraloría, en dos años ganó contratos por 128.346 millones de pesos en Cesar, La Guajira y Bolívar. Muchos de esos negocios los obtuvo asociándose en uniones temporales con otras fundaciones que vendrían incumpliendo: Corazón País y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar (Asoalimentarce).
Esta empresa, aunque el año pasado fue vetada por el Ministerio de Educación, porque no habría entregado todos los alimentos que se le pagaron en Bolívar y por supuestamente cobrar más por la comida que daba en Cesar, este año volvió a lograr un millonario negocio en este último departamento.
La auditoría refleja cómo, por ejemplo, solo en Arjona, San Juan de Nepomuceno y Turbaco habría cobrado 400 millones de pesos de más por las raciones, a pesar de que no hizo una mayor distribución ni aumentó el gramaje de los alimentos para los alumnos.
Su representante legal, María Angélica Araújo Noguera, también aparece en ese mismo cargo en empresas como el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo, que ha sido favorecido con millonarios negocios.
Asoalimentarce, cuyo representante legal, Ivis del Carmen Rosado Robles, figura en el Consorcio Alimentando un Cesar más Educado y el Consorcio Educación a Salvo, ha obtenido otros contratos por más de 45.000 millones de pesos, sin contar en los que se ha asociado con Kábala.
Los cuestionamientos a Asoalimentarce están en Cesar, Magdalena y Santa Marta. Solo en esta ciudad, la Contraloría encontró que en el 2015 se le pagaron sin ninguna justificación 2.097 millones de pesos de más por las raciones.
Y la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (Gers) ha obtenido contratos por 26.000 millones de pesos en Magdalena y La Guajira. Mientras repite contratos, la Contraloría cita el supuesto incumpliendo en el colegio Nuestra Señora del Pilar, de Dibulla, donde cobró 1.300 almuerzos repartidos en un día, aunque en realidad entregó 372. El colegio tiene 1.350 alumnos, por lo que solo ese día se habrían quedado sin comida 978.
La representante legal de Gers es Marlene Esther Vásquez Guerrero, quien también aparece con el mismo cargo en el cuestionado Consorcio Provenir, que hoy es investigado por la Fiscalía por firmar un contrato a dedo con el alcalde de Aguachica (Cesar), Henry Alí Montes, enviado a prisión mientras avanza ese proceso en su contra.
En la auditoría aparecen otros nombres como Corazón País, Fundación Unidos por Colombia, la Fundación Enlace, la Unión Temporal Alimentar detrás del monopolio de los alimentos.
