Fiscal advierte que empresarios que financiaron organizaciones criminales, deberán responder

El fiscal señaló que en los casos en los que existe evidencia de esa cooperación, se le ha puesto el acelerador a las investigaciones
Sobre el listado de empresas que habrían apoyado a organizaciones al margen de la ley el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que en la entidad hay información sobre estas presuntas relaciones irregulares y se están investigando.

Martínez aclaró que aquellos empresarios que por fuerza de la coacción, la extorsión y el chantaje contribuyeron con la financiación del conflicto armado en Colombia no están obligados a comparecer a ninguna jurisdicción, pero la situación es diferente para aquellos que voluntariamente hayan colaborado al financiamiento de estas organizaciones porque habrán de responder ante  la justicia transicional o la jurisdicción ordinaria.

El fiscal señaló que en los casos en los que existe evidencia de esa cooperación, se le ha puesto el acelerador a las investigaciones.

“Frente a las distintas versiones que manifiestan que deben comparecer obligatoriamente ante la jurisdicción especial para la paz hay que decir que el acuerdo reconoce que los terceros que colaboraron en el financiamiento pero fueron objeto de la coacción no son objeto del tribunal especial”, precisó Néstor Humberto Martínez.

Por otro lado el funcionario visitará este fin de semana Washington invitado por la fiscal general Loretta Lynch y los principales organismos de inteligencia de este país para hablar sobre el tema de capitales ilegales. El funcionario afirmó que la Fiscalía tiene evidencias sobre la existencia del patrimonio ilícito de las Farc fuera de Colombia.

En los últimos días se conoció un listado de empresas que presuntamente habían apoyado económicamente a grupos ilegales en el marco del conflicto armado. Este viernes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, explicó cuál sería la situación judicial de las organizaciones que hayan estado relacionadas con dichas actividades.

El fiscal señaló que el ente acusador todavía no conocía esa lista. Sin embargo, aclaró que en la entidad existe un conjunto de informaciones que permitían advertir la existencia de algún grado de cooperación de terceros, no sólo con paramilitares sino con las FARC, en medio del conflicto armado.

“La Fiscalía está realizando las investigaciones y pesquisas correspondientes en lo que tiene que ver con las preocupaciones del empresariado”, dijo Martínez.

“Podemos decir con absoluta claridad que aquellos empresarios que por coacción, extorsión o chantaje contribuyeron con la financiación del conflicto armado no están obligados a comparecer a ninguna jurisdicción como la Jurisdicción Especial para la Paz o la ordinaria, en cabeza de la Fiscalía”, señaló el fiscal general.

No obstante, fue contundente al advertir que la situación será diferente para los terceros que “voluntariamente” hayan cooperado al financiamiento de las organizaciones criminales. Lo que significa que estos sí habrán de responder ante la justicia.

En relación con el espinoso tema, Martínez explicó que hay tres tipos de terceros frente a las conductas que tienen que ver con el conflicto armado. Por una parte, están los colaboradores de los paramilitares; por otro lado, están los ayudantes de la guerrilla, y por último, los contribuyentes a agentes del Estado.

Y agregó que teniendo en cuenta el Acuerdo Especial de Paz, la competencia de la jurisdicción de paz se refiere a los que colaboraron con paramilitares. Sin embargo, “eso no significa que los terceros que ayudaron con la guerrilla y que hayan tenido una colaboración ilícita con el Estado no deben ser conocidos por el Tribunal Especial”, dijo Martínez.

Frente a lo que viene con la Jurisdicción Especial para Paz, aseguró que desde el sábado pasado la Fiscalía definió los informes que la entidad va a entregar y en estos se incluirá todo lo relacionado con las contribuciones de terceros a la guerrilla para que el Tribunal de Paz tenga en cuenta esa información y defina qué acciones tomará al respecto.

“Esas conductas están siendo investigadas por la Fiscalía. Aspiramos a que sean objeto de imputación en los próximos meses. La entidad mantendrá competencia con esos tres tipos de colaboradores hasta que el Tribunal Especial de Paz diga que va a expedir las conclusiones”, puntualizó.