En 107 municipios del país se registra riesgo por la actuación del crimen organizado.

La Fiscalía General de la Nación avanza en una exhaustiva investigación para esclarecer los avances de la filtración de los nuevos agentes armados ilegales de la “parapolítica” y la “narcopolítica” en el país.

Ello ante el escándalo desatado por la localización de más de 600 millones de pesos de las bandas crim9nales en un vehículo blindado del Congreso de la República, cuyo hallazgo ha conducido a desnudar la financiación de campañas políticas de estos grupos criminales, a mimenbros del Senado y Cámara y alcaldes y gobernadores, elegidos en el último debate.

“Empezamos por quitarle la plata a una organización criminal y terminamos encontrando un posible acto de corrupción en el Congreso. Vamos a revisar la actuación no solo de los funcionarios, sino a indagar las relaciones y nexos de los políticos en este caso”.

Esa declaración del fiscal general (e), José Fernando Perdomo, a EL TIEMPO muestra los alcances que está tomando el escándalo del carro caleta del Congreso que cayó esta semana en poder de las autoridades.

Además de un posible caso de corrupción en los remates de vehículos de Senado y Cámara, el cual será del resorte de la Fiscalía y la Procuraduría, el escándalo revive un ‘fantasma’ que sigue vivo, no obstante la catarsis que en los 90 y en la década pasada se vivió por las investigaciones sobre la ‘narcopolítica’ y la ‘parapolítica’: la infiltración de las organizaciones criminales en el Congreso.

El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, admite que esa posibilidad está latente a raíz del caso del carro caleta. Según Velasco, es factible que “bandas criminales hayan querido quedarse con carros del Congreso blindados (…) con la complicidad de alguno o algunos funcionarios del Senado, y no sé si algún congresista o excongresista, lo que sería más delicado”.

Hasta ahora, las investigaciones por la llamada ‘bacrim-política’ no han pasado de preliminares en la Corte Suprema, en lo que toca al Congreso, pero sí han tocado a políticos locales y regionales.

La mayor parte de los procesos tiene que ver con los Úsuga en la zona de Urabá y la Costa, pero también hay investigaciones sobre el poder corruptor de las bandas criminales del Llano, que serían las dueñas de los 614 millones incautados el lunes y cuyo poder es directamente heredado del poderoso ‘Bloque Centauros’ de las Auc.

‘Cuchillo’, ex-Auc y fundador de la banda ‘Erpac’, tuvo negocios con exgobernadores y excongresistas de Guaviare. Ahora, sus herederos están relacionados con ‘los Puntilleros’, el nuevo poder criminal emergente en el oriente del país.

Un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó, en agosto de 2015, acerca de que los departamentos con más riesgos por una fuerte presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales eran Norte de Santander, con el 40 por ciento y Caldas, con el 30.

Según la MOE, en 107 municipios de 25 departamentos del país se registraba un riesgo medio por la actuación del crimen organizado.

Las bandas criminales, según estudio, no inciden por medio de las armas en las elecciones, pero sí tienen el poder de infiltrar el proceso a través de sus recursos económicos.

Se encontró que Caquetá, Arauca y Guaviare son los departamentos más afectados por acciones de los grupos armados.