Gobierno y Farc acuerdan reforma Constitucional y refrendación para blindar acuerdos de paz

Los negociadores del Gobierno y las Farc revelaron este jueves los mecanismos con los que buscan blindar y darles seguridad jurídica a los acuerdos de paz que se logren en La Habana: elevarlos a la categoría de “Acuerdo Especial”, incluirlo en el Acto Legislativo para la Paz para que forme parte del llamado “bloque de constitucionalidad” y someterlo a una refrendación popular.

El pacto logrado este jueves, y revelado por los voceros de los países garantes (Cuba y Noruega), buscan garantizar su cumplimiento conforme al derecho nacional e internacional.

“Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir” con esos objetivos e introducir el acuerdo final de paz en el ordenamiento jurídico colombiano, según el comunicado conjunto dado a conocer por los negociadores.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó que los acuerdos de paz tendrán la consideración de “Acuerdo Especial” y pasará a formar parte del “bloque de constitucionalidad” de Estado, “en sentido estricto y con carácter transitorio“.

La consideración de “Acuerdo especial” se realiza con base en los Convenios de Ginebra y este se incorporará al derecho interno por medio de un acto legislativo (que reforma la Constitución).

No obstante, este acto legislativo (que habitualmente necesita ocho debates) se tramitará como una ley ordinaria (en cuatro sesiones), se debatirá en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y Cámara de Representantes, así como en las plenarias de las dos corporaciones.

Proceso arranca el 18 de mayo

Según el comunicado leído en La Habana, el Gobierno se compromete a presentar antes del 18 de mayo una modificación al Acto Legislativo para la Paz, que cursa en el Congreso, para que allí se incluya la categoría de “Acuerdo especial” lo pactado en La Habana.

Esa modificación incluirá una propuesta de artículo transitorio dentro de la Constitución que supone el desarrollo del derecho a la paz.

De la Calle explicó que el acuerdo de paz es un “acuerdo político“, fruto de una negociación entre un Gobierno y una guerrilla, por lo que “requiere medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo“, así como garantías para su cumplimiento.

“Lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional pero aplicando procedimientos internos propios del Estado de Derecho“, subrayó el jefe negociador del Gobierno.

Las partes anunciaron que el acuerdo final se entregará al Consejo Federal Suizo en Berna, como depositario de las Convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario.

Además, que una vez se firme la paz, habrá una declaración presidencial ante el Secretario General de Naciones Unidas para que ese organismo ampare el acuerdo de paz.

“Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio”, explica el comunicado.

Las Farc y el Gobierno de Santos alcanzaron este nuevo entendimiento en momentos en que están negociando los dos puntos finales del proceso: el cese bilateral y definitivo del fuego, que incluye el desarme de los subvrsivos, y el mecanismo de refrendación de lo acordado.

“Este es un acuerdo sumamente importante. Es un paso más en la consolidación de las conversaciones de La Habana“, destacó de la Calle.

El vocero del Gobierno explicó que, así como señala de Derecho Internacional Humanitario, un acuerdo especial no es un tratado internación y por lo tanto “no confiere ningún estatus jurídico especial a las partes”.

Destacó que el gobierno garantiza que cumple con la “palabra empeñada” utilizando el más alto nivel jurídico y dándole al acuerdo final la relevancia extraordinaria que implica la finalización del conflicto.

Desde la perspectiva de la Farc, De la Calle dijo que igualmente le dan la bienvenida a las ideas en marcha y “aceptan que a ellas (ideas) se les de el trámite dispuesto en el ordenamiento constitucional colombiano“.

Presentes en el acto, las Farc no ofrecieron declaraciones al respecto.

“Refrendación popular”

Además de apoyarse en el marco del derecho internacional, De la Calle aclaró que, entre estas medidas de seguridad jurídica de la paz, habrá un mecanismo de “refrendación popular“, aunque aún no ha sido pactado en la mesa de La Habana.

“El Gobierno mantiene su promesa de que los ciudadanos tendrán la última palabra. El jefe de la delegación de las Farc hace pocos días abrió la puerta a una consulta popular (…) Lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado“, señaló.

Reacia a los planes del gobierno de someter a plebiscito el acuerdo de paz, la guerrilla abrió el viernes la puerta a que se consulte “al pueblo” el resultado final de las negociaciones, aunque no dio pistas sobre el tipo de consulta que aceptaría.

La Constitución prevé varios mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden pronunciarse sobre una decisión del gobierno (plebiscito), asuntos de interés nacional o local (consulta popular) o aprobar o derogar una ley (referendo).

El jefe de la delegación gubernamental indicó que la mesa de negociaciones trabaja también en estos momentos en “fórmulas para un cese el fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, las zonas de ubicación transitoria de la guerrilla y el sistema de garantías para quienes dejen las armas y el pueblo colombiano“.

En tres años y medio de diálogos, las Farc y el Gobierno han alcanzado acuerdos en cuatro de los seis puntos de la negociación: problema agrario (origen del conflicto), cultivos ilegales y narcotráfico, reparación de las víctimas del conflicto y la transformación de la guerrilla en partido político.