Por tercera vez,  el Gobierno dio comienzo a un proceso legal para intentar desactivar jurídicamente la aplicación de taxi UBER.

En tal sentido, este martes fue interpuesta una acción ante el Tribunal de Cundinamarca  por el Ministerio, con el fin de que sean protegidos los “derechos colectivos relacionados con la utilización y defensa de los bienes de uso público (espectro electromagnético), derechos de los usuarios y a la libre competencia económica”.

Sin embargo, el alto tribunal rechazó la petición que había elevado la cartera de Transporte de que la aplicación fuera bloqueada de los teléfonos móviles.

Es la tercera vez que el Gobierno intenta desactivar jurídicamente la aplicación. Por ahora, será atendida la demanda.