Juez de EE. UU dictará este viernes sentencia contra alias “Jorre 40”

‘Jorge 40’ lleva más de siete años preso en Estados Unidos.

Este viernes a las 11 de la mañana un juez federal en Washington dará a conocer la sentencia que tendrá que pagar el ex jefe paramilitar extraditado, Rodrigo Tovar Pupo,  por el delito de narcotráfico del que se la acusa.

Por este la Fiscalía ha pedido una dura condena de 30 años de cárcel y un millón de dólares en multas pese a que Tovar Pupo nunca enfrentó juicio y será condenado bajo el supuesto de que se declaró culpable.

‘Jorge 40’ lleva más de siete años preso en Estados Unidos.

Desde hace meses, de hecho, sus abogados defensores vienen alegando que ese acuerdo de culpabilidad es nulo pues creen que a su clientes se le engañó, y ya anuncian que apelarán la sentencia del juez Reggie Walton sea cual sea su veredicto.

A diferencia de los casos de los otros 13 paramilitares que fueron extraditados en bloque en mayo del 2008 por incumplir con los acuerdos de justicia y paz y que luego negociaron acuerdos de culpabilidad con la justicia de EE. UU., el de Jorge 40 se tornó en toda una batalla jurídica que ha involucrado a cuatro equipos de abogados diferentes, recriminaciones entre ellos, decenas de audiencias y hasta rumores de que Tovar Pupo no se encuentra bien de la cabeza.

Todo esta zaga, que se extendió por 7 años, había permanecido al margen de la opinión pública luego que Walton ordenara ¨sellar¨ los procedimientos judiciales.

Eso cambio el 16 de abril de este año luego que EL TIEMPO y otros medios de comunicación presentaran una demanda ante la Corte pidiendo acceso a los procedimientos.

La primera abogada que representó a Pupo tras su llegada a Washington en la primavera de 2008 fue Heather Shaner. Un hecho que de inmediato llamó la atención pues ¨40¨ fue de los pocos que contó desde el principio con los servicios de un abogado particular y no uno de oficio, que es la que asigna la corte.

A Shaner pronto se uniría Joaquín Pérez, una abogado de Miami muy reconocido por negociar acuerdos de culpabilidad con la justicia de EE. UU. en casos de narcotráfico.

Para ese momento, Pérez ya era el abogado de Salvatore Mancuso, otro de los paras extraditados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y de Hughes Rodríguez Fuentes, alias Comandante Barbie, un amigo de infancia de Jorge 40. Ambos ya trabajaban con Pérez en un acuerdo de culpabilidad y le recomendaron contrario para buscar también un acercamiento con la Fiscalía.

Tovar Pupo, sin embargo, se resistía a aceptar los cargos de narcotráfico que querían que reconociera en el acuerdo de culpabilidad y que involucraban su concierto para exportar más de 150 kilos de coca a EE.UU. Según ¨40¨ su rol había sido solo cobrar un impuesto a los narcos que usaba para combatir una ¨causa legítima ¨ que tanto el gobierno colombiano como el de Washington: la guerra contra las guerrillas en Colombia.

Pérez le insistía que para poder obtener rebajas en su sentencia debía aceptar al menos un delito y eso no lo era. Así mismo, que el gobierno por lo general ganaba un 90 por ciento de los casos que llegaban a juicio y de allí su interés de considerar la declaración de culpabilidad y algún arreglo con la justicia que podía rebajar se sentencia de 30 años o más si perdía el caso a menos de 20.

El 26 de marzo del 2009, Walton convocó a una audiencia, pedida por la defensa, en la que Tovar Pupo debía no objetar el hecho de que Pérez era abogado de otros dos de los sindicados en el mismo caso.

Tanto la Fiscalía, como la defensa y luego el juez dieron su visto bueno ese día y Pérez se convirtió oficialmente en su representante ante la Corte y el gobierno.

En julio 22 de ese mismo año el paramilitar se declaró culpable por primera vez. Pero pronto comenzaron los problemas. Tovar Pupo, pese a su firma, se negaba a aceptar un crimen que según él no había cometido. Y tras meses de debates con sus abogados decidió retirarse del acuerdo de culpabilidad en junio de 2011 y enfrentarse al peligroso camino de un juicio con jurado.

En el 2013, cuando ya la Fiscalía se preparaba para ese juicio, el paramilitar presentó un nuevo recurso ante la corte para eliminar la moción en la que se retiraba el acuerdo de culpabilidad.

Es decir, de nuevo aceptaba su crimen y se fijó el 7 de marzo de 2014 como fecha para la audiencia en la que sería sentenciado. Nadia sabe a ciencia cierta que pasó pero en la víspera de su sentencia ¨40¨ le anunció al juez que quería retirar nuevamente su acuerdo de culpabilidad, rompió su relación con Pérez y contrató a Barry Coburn como su nuevo abogado.

El paramilitar, a través de Coburn, alegaba que había sido presionado tanto por Pérez como por el gobierno para que firmara un acuerdo de culpabilidad que desde el comienzo rechazaba e invocó un conflicto de intereses con el abogado de Miami pues este había asumido la representación de Tovar Pupo siendo a su vez el abogado de Mancuso y Rodríguez.

En otras palabras, que a Pérez le interesaba que se declarara culpable pues de lo contrario no podría representarlo ya que sus otros dos clientes si lo habían hecho y colaboraban con el gobierno.

Walton, en un fallo que despertó intensa polémica, terminó aceptando que si había existido ese conflicto de intereses pero que se trataba de un error involuntario. Acto seguido le negó su segundo intento de retirar el acuerdo de culpabilidad y fijó fechas para sentenciarlo.

En el memorado de sentencia que presentó la Fiscalía describen a al paramilitar como una persona errática que persiste en no reconocer sus crímenes y que le ha costado muchos fondos al estado a lo largo de estos siete años.

“El acusado ha dicho que no tenia la intención de hacer daño a EE. UU. y que, de hecho, lo consideraban un aliado y hasta un amigo. Sin embargo, el acusando parece no entender o apreciar la magnitud del daño que causó en EE. UU., ni hay expresado remordimiento alguno por el daño que ayudó a perpetuar”, dijo el fiscal Paul Lymon en el documento donde recomendó las tres décadas de sentencia.

Esa decisión, que se conocerá hoy, le corresponde al juez Walton que puede incluso elevar la pena si así lo considera. Pero la defensa de 40 ya tiene enfilada su energía en la apelación ante las instancias superiores, que creen pueden ganar.

Según esta, el propio juez admitió el conflicto de intereses que existió con Pérez pero no quiere reconocer que cometió un error al aceptar al abogado de Miami como representante legal pese a saber que también representaba a otros dos acusados en el mismo proceso.

En cualquier caso, con la sentencia de Jorge 40 -y pendiente aún el futuro de su apelación- comienza a cerrarse el ciclo de los jefes paramilitares ante la justicia de EE. UU.

Salvo por el caso de Hernán Giraldo Serna, que fue suspendido esta semana mientras se resuelve una demanda interpuesta por los familiares de una se sus víctimas, ya el resto recibió su castigo.