Un acuerdo suscrito entre Seguros Mapfre y Empresas Públicas de Medellín (EPM), mediante contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto Hidroituango, permitirá que la aseguradora reconozca como valor del mismo, derivado del fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría General de la República, la suma  de 983 millones de dólares (casi $3.9 billones) que equivalen al 90% del daño patrimonial definido en $4.3 billones por la Contraloría General de la República.

El desembolso se hace de acuerdo a la póliza de seguro de todo riesgo que ampara la construcción y el lucro cesante del proyecto Hidroituango desde el año 2011.

En el fallo de segunda instancia sobre el caso Hidroituango, la CGR declaró como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre, con miras a hacer efectiva la póliza todo riesgo que había suscrito.

El acuerdo establece que 633 millones de dólares serán pagados a EPM el 31 de enero de 2022. Otros 350 millones de dólares ya fueron dados a EPM con ocasión de los pagos hechos a partir de la contingencia de septiembre de 2018.

Esos recursos tenían carácter provisional mientras se resolvían los niveles de responsabilidad. Ahora tienen carácter de definitivos dado que Mapfre se compromete a no solicitar la devolución de los mismos.

Todos los recursos serán utilizados únicamente para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, precisa el acuerdo suscrito.

La Contraloría no tiene competencia para dar ningún tipo de aval a estos acuerdos, pero destaca la voluntad de las partes en poner fin a las controversias suscitadas entre ellas, lo que permite concluir que las determinaciones adoptadas en el fallo con responsabilidad fiscal, en el caso particular de Hidroituango, cumplieron los propósitos definidos por el Constituyente para la defensa, protección y resarcimiento del patrimonio público. 

Vale precisar que el acuerdo suscrito entre EPM y Mapfre no es demandable, porque se trata de un contrato de transacción de pago del siniestro y en el mismo se acordó por las partes que no van a demandarse mutuamente. Son recursos de un particular (Mapfre) que ingresan al Estado (EPM).

Un hecho histórico 

En un evento que tuvo lugar en el Auditorio de la Contraloría General de la República, EPM y Mapfre firmaron un contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto Hidroituango, que el Contralor Felipe Córdoba consideró tiene un carácter histórico para el país.

“Recuperar estos recursos es muy importante. No hay en la historia del país un hecho reciente de esta magnitud”, aseguró.

Es la primera vez que un órgano de control, con la colaboración de los gestores fiscales, logra recuperar para el país un proyecto de la envergadura de la central de generación eléctrica más importante para Colombia.

“Antes, teníamos que conformarnos con llorar sobre la leche derramada del daño fiscal y resignarnos a que los recursos públicos comprometidos no se recuperarían nunca, o en el mejor de los casos, de manera parcial”, recordó el Contralor.

 Señaló entonces las bondades del nuevo modelo de control fiscal, que permite contar con un margen de maniobra amplio para hallar soluciones basadas en la solidez del Derecho y que dejan a salvo el interés nacional.

El Contralor destacó la actitud asumida por la aseguradora Mapfre, que no solo se limitó a cumplir con las pólizas, sino que demostró así un importante compromiso con la sociedad.

 “La Contraloría General de la República demuestra, al mismo tiempo, que no se opone a los grandes proyectos para el país, que no los juzga a la luz de las conveniencias políticas y que solo aboga por el interés público que ellos representan”, subrayó enseguida.

“Permaneceremos vigilantes” 

 El Contralor Felipe Córdoba anunció que la Contraloría permanecerá vigilante para que lo acordado se cumpla a cabalidad e iniciará un control preventivo y concomitante para el buen uso de los recursos involucrados.

“Haremos un seguimiento permanente, sin ahorrar recursos humanos ni tecnológicos, para que los recursos sean ejecutados cabalmente hasta que la obra entre en operación. Eso debe quedar perfectamente claro para EPM, para la Alcaldía de Medellín y para las demás autoridades que puedan tener injerencia en el manejo fiscal de dichos recursos”, señaló el jefe del organismo de control.

Fue enfático al respecto: “No estamos hablando de inmunidad ni de impunidad, sino de un compromiso serio que debe cumplirse, pues de lo contrario habrá que hacer efectivas las sanciones fiscales”.

Para Córdoba, las demás consecuencias pasan a un segundo orden, porque se ha dejado en claro que el rescate de una obra de infraestructura de esta magnitud social es preferible al tortuoso camino de los castigos impuestos en medio de un mar de trámites y dudas jurisdiccionales.

 “Quedan a salvo los intereses de la Nación, de Antioquia y de todos los colombianos, eso es lo más importante”, recalcó.

Pero, además, agregó, queda también lejos de cualquier duda la manera técnica e imparcial con la que ha procedido la Contraloría, como lo acaban de reconocer la comunidad internacional de órganos de fiscalización, representados por INTOSAI y OLACEFS”.

Nadie podrá volver a hablar de sesgos políticos 

 Para el Contralor Córdoba, con este caso no hay vencedores ni vencidos porque aquí gana el país entero.

 “Con la juridicidad de nuestras actuaciones quedan también libres de dudas las garantías y seguridad que deben respaldar la inversión nacional y también la internacional”, acotó.

 “Ya nadie podrá seguir hablando de sesgos políticos porque le estamos demostrando al país que este fallo proferido por los funcionarios de la Contraloría, ha tenido en todas sus etapas rigor técnico y jurídico”, añadió.

 “Esta decisión demuestra que el control preventivo es una herramienta eficaz para hacer de la misión fiscalizadora una fuente de soluciones. Lo demostramos aquí y lo estamos demostrando, con el apoyo del control social, con el rescate de decenas de obras inconclusas y elefantes blancos en todo el país”, afirmó.