Luego de casi 35 años de ocurridos los hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en cabeza de su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a varias personas como presuntos participantes en el secuestro, tortura y asesinato del cabildo gobernador del pueblo arhuaco en 1990, Luis Napoleón Torres Crespo, y los otros dos líderes de la etnia, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres.
Las personas a las que se refiere la JEP son Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, Wilson Ramírez y los familiares José Mattos, Carlos Mattos, este último exrepresentante de la marca Hyundai en Colombia y actualmente condenado por corrupción en el marco del ‘caso Hyundai’. El tribunal también compulsó copias por la presunta responsabilidad de estas personas en la conformación de grupos paramilitares y su participación en los crímenes cometidos, dentro de ellos, delitos de desaparición forzada.
La JEP hizo un recuento de los presuntos hechos por los cuales vinculó a estas personas en una investigación del llamado ‘macrocaso 09’ y que ha sido nutrido de testimonios de comparecientes del Ejército Nacional, y de grupos armados ilegales en audiencias anteriores que han dado como resultado la fuerte hipótesis sobre la presencia de los indígenas en una propiedad de los Mattos en Valledupar y luego en la finca Bethania en El Copey, antes de ser asesinados.
Es menester aclarar que en el Auto número SRVCHP-018 del 16 de junio de 2025, la JEP no establece con claridad la plena identidad de las personas denominadas Carlos Mattos y José Mattos, habida cuenta que en dicha familia existen varias personas con esos nombres. De manera explícita la JEP lo explica en el siguiente párrafo:
“Gracias a las declaraciones del señor José Eduardo Mattos Liñán, quien fue víctima de secuestro cometido por la extinta guerrilla de las FARC-EP, el despacho pudo conocer que la familia Mattos tiene varias ramificaciones. Que, además, muchos miembros de ese grupo familiar tienen los mismos nombres, por ejemplo, Carlos Mattos Lacouture era el padre del secuestrado, pero un hermano de la víctima tiene el mismo nombre y apellido (sería Carlos Mattos Liñán) y un primo también se llama Carlos, concretamente: Carlos Mattos Barrero, quien es conocido como el dueño de la empresa Hyundai. Así mismo, la víctima de secuestro se llama José, pero también un tío suyo, hermano de su padre, responde al nombre de José Mattos Bolívar y, conforme a lo declarado por el coronel Duque, un primo hermano de la víctima se llama José Bolívar Mattos. Será entonces la FGN a la que le corresponderá, dada su competencia frente a terceros, determinar qué miembros de la familia Mattos de nombres José y Carlos fueron los que al parecer habrían participado en las conductas punibles descritas por los testigos, relacionadas con la desaparición, tortura y homicidio de los Mamos Arhuacos, las torturas a los hermanos Villafañe Chaparro, además de la posible responsabilidad por la promoción de grupos paramilitares.”
Con respecto a Carlos y José Mattos, la JEP dice lo siguiente: “Se compulsaron copias frente a ellos para que se investigue su posible responsabilidad en los referidos crímenes contra los líderes espirituales y miembros del Pueblo Arhuaco, y por su presunta participación en la conformación, patrocinio y promoción de estructuras paramilitares en el Cesar”.
Acerca de la petición de que se hagan las actuaciones propias de extinción de dominio, la JEP explica las razones: “En relación con las propiedades de la familia Mattos, presuntamente utilizadas para la comisión de delitos, estas serían una casa —al parecer, de propiedad de José Eduardo Mattos Liñán— ubicada cerca de la plaza Alfonso López de Valledupar, teniendo en cuenta que allí habrían sido llevados inicialmente los mamos arhuacos luego de su retención por grupos ilegales. Y un apartamento —al parecer, de Carlos Mattos— ubicado en un edificio en inmediaciones del río Guatapurí, en Valledupar, pues habría servido de alojamiento a los presuntos ejecutores materiales de los crímenes”.
Sobre esto existe un testimonio entregado por el coronel (r) Luis Fernando Duque, excomandante del Batallón La Popa, quien, en una audiencia de versión voluntaria de la JEP, el 19 de abril de 2024, explicó que los tres indígenas fueron vistos en “una casa en Valledupar” luego de su detención.
Existe una versión que ha sido esbozada en el marco de las comparecencias ante la JEP e indica que a los tres líderes indígenas se les secuestró porque se suponía que tenían información sobre el secuestro de José Eduardo Mattos Liñán para la época de los hechos y por esta razón los arhuacos fueron bajados de un bus en Curumaní por hombres armados y días después aparecieron muertos, cada uno en un lugar diferente de la región: Ángel María Torres Arroyo fue hallado en el corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción de El Paso; Luis Napoleón Torres Crespo fue encontrado en el corregimiento de Loma Linda, perteneciente a Bosconia, y Antonio Hugues Chaparro Torres fue encontrado en Pueblo Nuevo, corregimiento de El Difícil, Magdalena.
En cuanto a Luis Alberto Restrepo Gutiérrez se compulsaron copias para que se investigue su posible responsabilidad dado que los arhuacos, antes de su asesinato, habrían estado secuestrados en la hacienda Bethania de su propiedad, donde presuntamente fueron torturados.
Wilson Ramírez, conocido como ‘Jhon Ramírez’, fue el jefe de seguridad del hacendado Alfonso Macías y el autor material del homicidio de los arhuacos.
Tomado de Radio Guatapuri
