La MOE solicitó no ‘presidencializar’ las elecciones a Congreso
La Misión de Observación Electoral ve con preocupación que, a pesar de que las elecciones del 13 de marzo corresponden por mandato legal al Congreso de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, haya tomado la decisión de priorizar el conteo y escrutinio de las tarjetas electorales correspondientes a las consultas interpartidistas para la selección de candidaturas a la Presidencia de la República antes que el correspondiente conteo de votos de Senado y Cámara.
De acuerdo con el Código Electoral colombiano, el segundo domingo de marzo se elegirán a 295 ciudadanos y ciudadanas que harán parte del Congreso de la República tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y aunque la ley también señala que en las elecciones a Corporaciones Públicas se podrán realizar consultas interpartidistas populares y que la Organización Electoral prestará su colaboración a los Partidos y Movimientos Políticos para que puedan efectuarlas, la priorización anunciada hace que se pierda de vista lo que convoca a estos comicios: la elección de los representantes de una de las ramas del Poder Público.
Las pasadas elecciones del 2018 dan muestra de ello, pues en dichas votaciones al Congreso se concentró una participación cercana al 50% del censo electoral, que representó 17’872.988 votos, frente a 4’005.863 de la gran consulta por Colombia, cuyos candidatos eran: Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez e Iván Duque, y 3’409.301 de la consulta por la Inclusión Social en la que participaron Gustavo Petro y Carlos Caicedo.
El llamado a la Registraduría Nacional del Estado Civil es a que se tenga en cuenta que las elecciones de Congreso de la República implican procesos complejos que deben ser priorizados pues para esta oportunidad tenemos a 2.835 candidatos en contienda distribuidos en 538 listas, dentro de los cuales se incluyen los 403 candidatos para ocupar las 16 curules de paz, una elección que realizará por primera vez e implica un esfuerzo mayúsculo concentrado en la organización electoral a través de los jurados de votación para garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios.
