La Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitó de manera oficial la suspensión de los procesos para la ejecución de los nueve parques eólicos, que hacen parte del paquete de 14 proyectos de energía renovable, que se proyecta ejecutar en el departamento de La Guajira.

Son proyectos calificados como prioritarios y de interés nacional por el Gobierno Nacional, para la reactivación económica del país, enredando la situación para su entrada en operación en el 2022.

Se trata de una decisión que busca hasta que haya un acuerdo con los grupos étnicos para un desarrollo concertado y no impuesto de consulta previa, lo que llevaría a que el citado número de parques eólicos inicien su tarea.

Una carta de la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos (PJAA), con fecha del pasado 1 de agosto y enviada al ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a Corpoguajira, a la que tuvo acceso Portafolio, hace la petición de manera formal.

Los funcionarios del ente de control explican que los proyectos eólicos a desarrollar en La Guajira, y cuya energía se entregará al Sistema Interconectado Nacional (SIN), deben ser suspendidos, “por violación de normas convencionales y constitucionales sobre la consulta previa a comunidades indígenas y tribales”, los cuales deben realizarse bajo una metodología concertada.

Incluso, la (PJAA) solicitó también que el proyecto de la Línea Colectora, que llevará la corriente desde estas plantas de energía renovable al SIN también sea suspendida, “hasta tanto, no se agote el procedimiento de consulta previa y obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades étnicas que se encuentran dentro del área de influencia”.

Al respecto, la PJAA le solicitó al Ministerio del Interior que construya o elabore en forma participativa con las comunidades, las empresas y las autoridades territoriales, con presencia de los entes de control, “una Guía Metodológica Obligatoria o un Acuerdo de Consulta Previa Macro en relación con los proyectos de diseño, construcción y operación comercial de parques eólicos”.

De igual manera, le pidió al Ministerio de Ambiente que adopte las medidas necesarias para proteger “los derechos colectivos a la defensa del Patrimonio Cultural de la Nación, y el derecho colectivo a la participación, consulta previa y consentimiento libre, para elaboración del estudio de impacto ambiental (EIA) requerido” para el respectivo trámite de la licencia ambiental.

Y finalmente, le demandó a la Anla y Corpoguajira “la inaplicación o suspensión de las licencias ambientales y demás actos administrativos”, así como “la suspensión de las consultas previas que se están desarrollando”, en relación con los parques eólicos.

Para Natalia Gutiérrez, presidenta Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), el impacto de posibles atrasos de proyectos de generación y transmisión en La Guajira puede analizarse desde tres perspectivas: para los proyectos mismos, para la demanda de energía eléctrica y para la región.

“Respecto a las iniciativas de generación y transmisión, estos estarían sujetos a pagos de penalidades y ejecución de garantías asociadas a atrasos en sus fechas de entrada en operación por demoras en los trámites del Gobierno Nacional. Un atraso en la infraestructura de transmisión sería crítico, dado que todos los proyectos eólicos de La Guajira utilizan esta línea para traer su energía al centro del país”, apuntó.