“Los problemas que provocaron la crisis e intervención de Electricaribe siguen vigentes” Amilkar Acosta

Los principales problemas que llevaron a la crisis  a Electricaribe y que motivaron su intervención, siguen vigentes porque en los últimos cuatro meses no hubo inversiones y la calidad del servicio siguió cayendo, como lo mostró el balance del 2016, divulgado por el agente interventor Javier Lastra, afirmó el ex ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta Medina
Aunque señaló que después de cuatro meses de la intervención hecha por la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) a la distribuidora de energía , la medida sirvió básicamente para estabilizar las finanzas, sacar del balance las cuentas incobrables de varios años, evitar posibles limitaciones de suministro y reducir la exposición a bolsa de la empresa, que pasó del 65 por ciento al 34 por ciento.

La posición de Acosta Medina fue fijada al finalizar este martes, el tiempo de la intervención y la Superservicios decide si le devuelve la compañía a Gas Natural Fenosa (GNF) o inicia una liquidación para buscar nuevos operadores.

“Los racionamientos no programados siguen, las oscilaciones de voltaje también y, desde luego, las protestas de los usuarios por el mal servicio que se presta”, señala Acosta.

Y mientras en las últimas semanas hubo reuniones entre altos funcionarios del Gobierno con los del grupo español, buscando una salida negociada para evitar una liquidación que llevaría el tema a los estrados judiciales internacionales, el presidente encargado de la compañía, Hernando Sojo, y Lastra, han planteado soluciones que por varios años GNF le propuso al Gobierno, muchos meses antes de que el aumento en los costos de la energía y la falta de liquidez (por el impago de garantías) afectaran las finanzas de la empresa.

Por ejemplo, Sojo señala que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) debería tener en cuenta que la costa Atlántica es un mercado con particularidades más complejas, como ser la zona del país donde el estrato 1 consume más energía, ya que en una nevera el motor se activa más de 20 veces por minuto para refrigerar.

Además, señala que el 50 por ciento de los clientes son de estratos 1 y 2, al tiempo que en este mercado se atiende el 80 por ciento de todos los barrios subnormales del país (sin conexiones legales) y la región representa el 25 por ciento de la demanda de energía del país.

“Son temas que tiene que mirar la regulación. Tomar en cuenta estas particularidades y la regulación que se debe contemplar lo social, lo técnico y lo económico”, dice.

Por otra parte, hubo varias reuniones con alcaldes y gobernadores para transmitir la idea de que el servicio no es gratuito, buscando bajar los saldos en mora y para señalar la necesidad de inversión en los barrios subnormales. Incluso, hace un mes, EL TIEMPO reveló que el interventor, Javier Lastra, planteó cortes de energía concertados en las comunidades con más morosidad, argumentando que “hay que intentar formas de cuidar la energía”, idea que tampoco fue acogida cuando GNF estaba al frente.

Crece la presión

Y a la par de la insistencia de varios líderes políticos de la Costa sobre la liquidación como la única salida, las dos alternativas están abiertas en la Superservicios, según  EL TIEMPO, ya que desde noviembre se viene recopilando múltiple información, pero sin permitir mayor interacción de GNF, que, por su parte, siguió reuniéndose con altos funcionarios.

El lunes, precisamente, hubo un encuentro, en la Presidencia de la República, entre los ministros de Minas y Energía, Germán Arce y de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con la plana mayor de Gas Natural Fenosa, encabezada por Isidro Fainé, presidente mundial; Rafael Villaseca, Consejero Delegado; Sergio Aranda, director General para Ámérica Latina y María Eugenia Coronado, Country Manager para Colombia.

Dichos encuentros han estado marcados por las intervenciones diplomáticas de España y Colombia, pero también por las opiniones de gremios de ese país.

Por ejemplo, el 1.º de marzo, Juan Rosell Lastortras, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), le remitió una carta a Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Comisión Europea, diciendo que desde noviembre, cuando el Gobierno intervino a Electricaribe, se ha desarrollado una expropiación de facto de la firma.

Y agrega que, si bien las numerosas promesas de las autoridades colombianas para resolver el problema nunca se han mantenido, se debe trabajar en una solución negociada, pues de lo contrario se sentaría un precedente que podría desencadenar consecuencias devastadoras para las inversiones comunitarias existentes y futuras de todo el mundo, “que envían un mensaje equivocado a nuestros socios globales”.

EL TIEMPO pudo establecer que el Superintendente, José Miguel Mendoza, se abstuvo de ir a estos encuentros, para mantenerse al margen y tomar una decisión técnica, y que estas negociaciones no tienen, en principio, incidencia en la decisión, salvo que surgiera algún elemento que cambie el análisis.

Otros consultados dijeron que, si se opta por una liquidación, no sería fácil encontrar interesados en operar un mercado con tantas dificultades, como es la distribución de energía en la costa Caribe.

Atrapados $ 420.000 millones

Por la intervención de Electricaribe, los generadores esperan el pago de 420.000 millones de pesos, de los cuales 346.000 millones son ventas por contrato, y el resto, por transacciones en bolsa. Las firmas a las que más se les debe son Emgesa (230.000 millones), AES Chivor y Gecelca. Fuentes del sector dicen que si bien se recoge el 84 % de lo facturado, es mucha la energía que se siguen robando mediante conexiones ilegales, recursos que termina