Todos los partidos políticos exigieron la renuncia del Defensor del Pueblo,  Jorge Armando Otálara, por considerar insostenible su ejercicio en ese cargo,  luego de las graves denuncias por acoso sexual y labora, contra la secretaria privada de su despacho, Astrid Cristancho y contra otros empleados de ese órgano oficial.

En su editorial de hoy, el periódico El Tiempo dice que Otálora debe dar un puso al costado, tras advertir que su continuidad  en medio del escándalo por acoso sexual y laboral,  perjudica a la Defensoría y añade que su posición es indefensable.

Luego de que su ex secretaria privada lo denunciara, primero, por acoso laboral y, luego, por acoso sexual, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró que se “enamoró” de ella y que tuvieron “una relación de mutuo acuerdo”.

El jefe del ente del Ministerio Público aseguró ayer en rueda de prensa que con la joven abogada Astrid Helena Cristancho sostuvo “una relación libre, de mutuo acuerdo, entre dos personas solteras, duró más de un año (…) tuvimos unos momentos muy bonitos (…). Todo lo que hace una pareja normal”.

Cristancho había renunciado en noviembre pasado a la Defensoría y a través del reconocido periodista Daniel Coronell hizo una denuncia contra su exjefe, primero, en ese entonces, por los aparentes malos tratos a que, aseguró, sometía Otálora a sus subalternos, incluyéndola a ella.

Luego, el pasado domingo, Coronell, en su columna de la revista capitalina Semana, aseveró que el acoso también era sexual y publicó unas conversaciones de la aplicación WassApp entre el defensor y su exsecretaria, en las que el alto funcionario le dice que su foto está “muy bonita” y la invita a llevarle unos documentos a su casa. Y, así mismo, publica una foto que Otálora, en camiseta y pantaloneta, le enviaría a Cristancho.

En su artículo, Coronell dice que días después de su renuncia, Cristancho “recibió una amenaza escrita para que se callara si no quería someterse al desprestigio personal y al ostracismo profesional”.

Igualmente, el periodista describe otra foto con un desnudo que el defensor del Pueblo enviaría a su exsecretaria y sobre las que Otálora dijo ayer que fueron realizadas como parte de la relación que, asegura, había entre los dos.

Por eso aseguró que si de algo es culpable, es de haberse “enamorado de una mujer” con la que compartió “momentos muy importantes”.

Afirmó además que “en su momento” entregará a las autoridades toda la información y “los nombres de los testigos, las personas que compartieron” con ambos para probar su versión. Y dijo que sospechaba que Cristancho tenía las fotografías con el objetivo de publicarlas y conseguir su renuncia a la jefatura de la entidad.

“Su finalidad no era otra que lograr tumbar al defensor” advirtió.

Descartó la posibilidad de renunciar y señaló al respecto que “aquí nunca ha estado en juego la estabilidad de la Defensoría del Pueblo ni su capacidad institucional”.

Y concluyó: “Serán las autoridades quienes en su momento van a esclarecer y dar a conocer unas conclusiones finales en un caso de la vida íntima de una pareja”.

Habló Cristancho:

Astrid Helena Cristancho Palacios, a quien Otálora conoció cuando era profesor en la Universidad Externado, se destacó como monitora de Derecho laboral en el claustro capitalino.

Luego, en julio de 2013, se inició como su secretaria privada en la Defensoría, luego de haber hecho parte de una ONG de Derechos Humanos, de haber trabajado en la Superintendencia de Salud, de haber dictado clases en varias universidades y haber trabajado en un bufete de abogados en Europa.

Además, Cristancho fue reina de belleza de Cundinamarca en 2005, año en el que la corona nacional de la belleza se la llevó la barranquillera Valerie Domínguez.

En diálogo el domingo pasado con el noticiero capitalino Noticias Uno, la ex secretaria privada del defensor aseguró que nunca hubo una relación sentimental entre los dos.

“La relación fue de abusos, ultrajes, de miedo, de manipulación. Él quiere disimular ahora diciendo que hubo amor, y eso no es cierto”, dijo.

Agregó que de parte de Otálora había “una cantidad de imposiciones, pues él quería que yo estuviera con él. Es demasiado obvio que se trata de una relación de abuso, no solo porque yo lo digo frente a este tema sexual, sino porque hay pruebas de otras mujeres que lo han dicho”.

Aseguró la abogada que Otálora “es una persona que necesita ayuda. Está enfermo. No puede bajo un discurso mentiroso del amor decir que eso justifica el abuso”.

No denunció durante los dos últimos años al alto funcionario porque, aseguró, “es una persona poderosa que además tiene mucho dinero”, y manifestó que renunció a su cargo a pesar de que era un puesto “que amaba”.

Piden renuncia

El Partido Liberal pidió a Otálora –uno de sus miembros– que renuncie a su cargo mientras se investiga el presunto caso de acoso sexual: “En la colectividad funciona un Tribunal de Ética que estudiará el caso, el cual se analizará también en la Dirección Nacional. Considero, empero, que mientras estas instancias se reúnen y se pronuncian, el doctor Armando Otálora debe renunciar al cargo”, señaló en una carta el copresidente del Partido Liberal, el senador Horacio Serpa.

No obstante, Serpa reconoció que Otálora “tiene el derecho de hacer las explicaciones que la situación demanda y asumir su defensa ante la sociedad”.

En la comunicación, Serpa también afirmó que el país “está indignado por los hechos atribuidos” a Otálora, aunque admitió que “ha desempeñado sus funciones oficiales con diligencia y buenos resultados, conforme se le reconoce nacional y públicamente”.

A su vez, los congresistas de Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, Jorge Robledo, Alberto Castilla, Alirio Uribe y Víctor Correa, y de la Alianza Verde, Ángela María Robledo, Claudia López, Angélica Lozano, Ana Cristina Paz, Óscar Ospina, e Inti Asprilla, de la Alianza Verde, le pidieron la renuncia al alto funcionario.

La idea es, de acuerdo al comunicado conjunto de estas colectividades, “que asuma su defensa en las investigaciones que se inicien por su presunta responsabilidad en las denuncias por acoso sexual y acoso laboral a sus subordinados”.

Los legisladores argumentaron además que “su permanencia en la Defensoría quebranta la credibilidad de la institución y refuerza imaginarios patriarcales que, como servidores públicos, debemos luchar por desmontar”.

Y piden a las autoridades que se brinden todas las garantías de atención sicosocial, jurídica y de seguridad a las personas que han hecho las correspondientes denuncias.

Entre tanto, el senador barranquillero Jaime Amín, del Centro Democrático, como autor de la Ley 1010 de 2006 de Acoso Laboral, señaló: “Me siento en el deber inexcusable de pedirle al defensor del Pueblo que se haga a un lado mientras se esclarecen los bochornosos episodios conocidos. No solo por la integridad de la mujer involucrada, sino por lo más importante: por la actividad misional de una entidad que como la Defensoría debe velar en todo momento por el respeto y preservación de los derechos humanos”.

Añadió el parlamentario uribista que “no basta con ejercer las funciones, también quien predica la observancia de elementales conductas debe aplicar el ejemplo en causa propia. El defensor tiene la presunción de inocencia, pero el daño causado a la imagen de la entidad es irreparable y merece ser aclarado todo este asunto que trasciende la privacidad respetable de quienes aparecen involucrados en los lamentables hechos”.

Del mismo modo, el representante conservador Telésforo Pedraza advirtió que “la situación y las denuncias ameritan que el defensor dé un paso al costado. Es lamentable y vergonzoso que esto esté sucediendo en la entidad que propende por el respeto de las leyes y los derechos humanos”.

Finalmente, organizaciones de mujeres reclamaron también la dimisión de Otálora y pidieron una mayor contribución del Estado para facilitar las denuncias de este tipo. Por ejemplo, la directora de la Corporación ‘Vamos Mujer’, Patricia Luli Fontana, dijo en la emisora capitalina ‘Caracol Radio’ que en Colombia todavía hay miedo a denunciar por la pérdida del empleo o las afectaciones a su integridad: “como corporación feminista, somos partidarias y apoyamos el pedido de renuncia de este señor, que además está ejerciendo su cargo, que debe garantizar los derechos humanos, pero en su ejercicio está actuando como acosador sexual y laboral”.