La polémica  Acción Social Integral, que alimenta con huevo y mango a niños en Cesar, estaba vetada por el Ministerio de Educación Nacional.

Se llamaba Kábala y cambió su nombre para obtener contratos, según una publicación que aparece hoy en la página web de la Revista Semana.

Si el video que muestra la precariedad de los alimentos y la manera como se reparten en el Colegio Sagrado Corazón de Aguachica (Cesar) causó indignación, mucho más lo hicieron las fotografías de los niños tirados en el suelo comiendo huevo y mango, repartido por uno de los operadores que suministran alimentos en esta institución del Caribe.

Con el paso de las horas se ha ido ilustrando cómo es la situación en este plantel. Las imágenes del video difundido el miércoles pasado corresponderían a las raciones que entrega uno de los operadores en este colegio llamado Fundación Provenir, que obtuvo un millonario contrato con la Alcaldía de Aguachica.

Sobre esta situación el alcalde de ese municipio, Henry Montes, manifestó que fue él quien firmó el contrato con la fundación, por un tiempo de un año. Así mismo, reprochó la forma como les entregaron los alimentos a los pequeños y dijo que cancelaría la relación contractual.

Pero mientras Provenir suministra los refrigerios, otra organización provee las otras raciones del día. Las fotografías donde se ve a los niños comiendo huevo, aguacate y mango hacen parte de los alimentos que entrega la Fundación Acción Social Integral que obtuvo, por parte de la Gobernación, el contrato 020004 del 15 de enero del 2016 por 17.267 millones de pesos para el suministro de alimentos en colegios públicos, entre ellos el Sagrado Corazón.

Lo más sorprendente es que esta fundación, que hoy está bajo el escrutinio por no operar debidamente en ese colegio, tendría un pecado adicional: es la misma que funcionó el año pasado en Bolívar con el nombre de Kábala y que, ante presuntas irregularidades, no le fue prorrogado el contrato de prestación de servicios de alimentación escolar por parte del Ministerio de Educación.

Como dicen en la propia Contraloría General, donde le hacen seguimiento a la inversión de los millonarios recursos del programa, esta empresa está trabajando ‘en cuerpo ajeno’. El representante legal de esta fundación, según fuentes del organismo de control, es José Luis Fuentes Sallago.

La ministra de Educación, Gina Parody, a principios de año le envió una carta al contralor general, Edgardo Villazón, en la que le informa las presuntas irregularidades de esta polémica fundación.

En la misiva advierte: “Surgen múltiples interrogantes al identificar que la misma entidad a la que el Ministerio de Educación Nacional decidió no prorrogarle su contrato en el departamento de Bolívar por presuntos incumplimientos, resulte adjudicataria de manera simultánea en dos entidades territoriales. Máxime cuando la decisión de no prorrogar fue ampliamente divulgada, incluso en rueda de prensa conjunta con la Contraloría General de la República”.

En conversación con Semana.com, el viceministro de Educación, Víctor Saavedra, aseguró que en el 2015 se canceló el contrato con Kábala, en Bolívar, porque no cumplía la adecuada prestación del servicio, como el gramaje de los alimentos, las capacitaciones a las manipuladoras, entre otros.

“Normalmente se recomienda a las administraciones no contratar con las organizaciones que han sido sancionadas o han presentado irregularidades”, manifestó.

Por esa razón, en el Ministerio de Educación causó sorpresa que en Cesar se hiciera un contrato con la Fundación Acción Social Integral, a sabiendas de que tenía los mismos representantes legales de Kábala.

“En enero de este año nosotros denunciamos esa contratación y, por eso, la Contraloría adelanta una investigación”, explicó.

Pero estas no son las únicas irregularidades que ha encontrado el Ministerio. Saavedra aseguró que, de acuerdo con el Decreto 1852 de 2015, está prohibido que en una misma institución suministren alimentos dos empresas operadoras.

“La Gobernación y la Alcaldía deben tener una bolsa única de recursos, así es más fácil hacer un monitoreo. Tener dos operadores es completamente ilegal. (…) La educación no puede ser un negocio y por eso estamos haciendo denuncias públicas”, puntualizó.

Así las cosas, le corresponde al gobernador de Cesar actuar pronto sobre esta situación y, si es del caso, tomar correctivos porque se trata, ni más ni menos, de la mala utilización de los dineros sagrados de la alimentación de los niños de esa región del país.

En conversación con Semana.com, el gobernador de Cesar, Francisco Ovalle, aseguró que en efecto se firmó el contrato con esta fundación después de que esta lo ganó en un proceso licitatorio.

El mandatario señaló que el convenio va hasta el 28 de abril y que la empresa ha manifestado no volverse a presentar en un nuevo proceso. Según él, contra esta empresa se han presentado quejas de padres de familia y profesores y consideran que no cuenta con la capacidad para atender los 133.000 estudiantes del departamento.

El gobernador explicó que nunca supo que esta empresa, antes, se llamaba Kábala y dijo que cuando termine este contrato se hará un proceso más amplio con varios operadores que puedan atender de manera íntegra a la población infantil.

“Se manejará el próximo proceso con tres operadores de las tres subregiones del departamento. Ocho municipios de cada subregión: norte, centro y sur”, dijo.

Con todo, muchos advierten en esa región que ya el daño por parte de esta fundación está hecho.