Un nuevo capítulo se abrió este martes en el sonado escándalo por el anticipo, de 70.000 millones de pesos, de un contrato del Ministerio de las TIC para llevar conectividad a regiones de difícil acceso.
En un documento de 44 páginas, la Fiscalía acusó al controvertido empresario Emilio Tapia, quien tenia a cargo varias empresas de Centros Poblados, Intec de la Costa, Omega Buildings e ICM Ingenieros para conformar la Unión Temporal, UT, referida y era quien manejaba dichas empresas a través de terceros y quien pago la garantía falsa que respaldo el contrato adjudicado para llevar internet a 7 mil escuelas publicas rurales del pais.
Después de algunos meses recabando y contrastando pruebas, la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra los contratistas Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, por el cuestionado contrato firmado entre el Mintic y la unión temporal Centros Poblados.
Con esta decisión, Tapia, Duque y Laverde quedaron formalmente llamados a juicio, para responder por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
