Procurador dice que la Corte debería revisar procedencia de las objeciones a la JEP antes de que el Congreso proceda al trámite
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, advirtió que la Corte Constiticional debería revisar la procedencia de las objeciones presidenciales antes de que el Congreso proceda con su trámite.
El jefe del Ministerio Público cuestionó los anuncios del presidente Duque por desconocer el papel de la Corte Constitucional pero respaldó el trámite acelerado de reformas, como el artículo sobre los niños. Con una novedosa tesis, subrayó que antes de tramitar las objeciones, la corte debe darles su visto bueno.
Pocas horas después del anuncio presidencial de objetar seis puntos de la ley estatutaria de la JEP y adelantar tres reformas constitucionales a su funcionamiento, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, sorprendió con una tesis. “A situaciones excepcionales, salidas excepcionales pero institucionales”, remarcó el funcionario.
Para el procurador general, la Corte Constiticional debería revisar la procedencia de las objeciones presidenciales antes de que el Congreso proceda con su trámite. Los peros presidenciales así planteados fueron criticados por Carrillo, quien aseguró que el anuncio de Duque entró en el “campo del irrespeto de la intangibilidad de las decisiones de la justicia” ya que “hay cosa juzgada constitucional”.
“Soslayar el cumplimiento del principio de respeto a decisiones autónomas de la justicia, pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de Derecho, respetuoso de la separación de poderes y de la independencia del poder judicial”, subrayó Carrillo. Agregó que la determinación del Gobierno de objetar una ley estatutaria que ya superó la revisión constitucional genera un “enfrentamiento innecesario” entre los poderes públicos y abre espacio a la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final.
En este contexto, la Procuraduría lanzó una tesis que sin duda abrirá gran debate nacional. Y tiene que ver con cuál es el paso a seguir dentro del trámite de las objeciones presidenciales: “¿El Congreso debe dar trámite a esas objeciones o no?”, preguntó.
Para Carrillo, debe haber una salida institucional haciendo uso de medidas excepcionales. En este sentido cita dos normas: el artículo 168 de la Constitución que señala que si el presidente de la república no sanciona una ley tramitada constitucionalmente deberá hacerlo el presidente del Congreso. Acto seguido trae a colación la Ley 5 del Congreso para indicar que si el presidente del Senado no sanciona, la mesa directiva del Congreso, antes de avocar el estudio de la ley estatutaria puede remitir el expediente a la Corte Constitucional, en una solicitud de aclaración al fallo. “La Corte Constitucional no ha perdido facultades para hacer seguimiento al cumplimiento del fallo”, indicó.
Afirmó categóricamente que “la procedencia o no de las objeciones es un asunto constitucional, qué mejor que sea órgano de cierre quien zanje esta discusión”.
A ojos de la Procuraduría, adoptar esta fórmula evitaría un debate interminable, más teniendo en cuenta que como lo reconocen todos los sectores, en caso de que el Congreso proceda a cambiar las normas objetadas, estas tendrán que regresar a la Corte Constitucional.
Aunque el procurador califica este debate como “inoportuno e inútil” y asegura que solo conduce a agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia, salió en respaldo de una de las normas que más malestar genera entre los uribistas. Se trata del artículo que permitió que la violencia sexual contra menores fuera incluida en el listado de delitos cometidos en el marco del conflicto.
Al respecto, el jefe del Ministerio Público considera que las reformas constitucionales caben si su propósito es el fortalecimiento de la JEP. Por ello, elevó la petición para que Duque declare la urgencia de las reformas constitucionales planteadas y anticipó su acompañamiento y el de todo el país. Precisó: “Con reforma o sin reforma seguimos convencidos de que un delito sexual contra un menor no puede ser entendido como vinculado al conflicto y debe ser sancionado por la jurisdicción ordinaria”.
El jefe del ministerio le hizo un llamado a Duque para que no pierda la oportunidad de ser el “adalid” de los pactos y grandes acuerdos de Colombia. En este sentido, pidió que se convoque, por iniciativa presidencial, a un diálogo político con los partidos y social con víctimas.
