La Procuraduría le formuló nuevos cargos a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, por actos de corrupción durante su administración.
El caso está relacionado con la adjudicación de uno de los contratos que gobierno dejó marchando antes de que la capturaran por irregularidades, que hoy la tienen bajo prisión domiciliaria.
Se trata de la implementación del llamado corredor digital para ese departamento, tasado en más de 20.000 millones de pesos, que se entregó en el 2015 y cuya ejecución implicaba desembolsos futuros.
En el papel, se buscaba el aprovechamiento de las TIC para el desarrollo educativo de La Guajira. Pero el proceso contractual, en criterio de la Procuraduría, violó varias normas.
De hecho, los investigadores calificaron como falta gravísima que Pinto y su secretaria de Educación, Bely Gnecco, hayan adjudicado el contrato estableciendo singulares requisitos sobre la experiencia que debían tener los oferentes y la capacidad financiera de los mismos, definitivos a la hora de seleccionar a los ganadores.
Tras varios meses de indagaciones, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal estableció que se podría configurar una conducta restrictiva a la libre concurrencia de oferentes y con las cuales pudo atentarse en contra del derecho de igualdad, en los términos definidos por la ley.
También se encontraron irregularidades en el origen de los recursos usados para cubrir el contrato: inicialmente se habló de echar mano de ingresos por vigencias futuras, pero la plata salió del Sistema General de Regalías.
La medida también cobija a Gilbert José Meza Cerchar, en su condición de director operativo de la Gobernación de La Guajira, y a Gerardo Cujia Mendoza, en su condición de profesional universitario al servicio de la Gobernación de La Guajira.
La formulación de cargos les será notificada esta semana a los implicados, incluida Pinto, y se evalúa si el expediente es enviado a la Fiscalía.
