Santos no podrá escoger a magistrados de Comisión de Aforados

Ante las críticas por el excesivo poder que se le otorgaba al mandatario, estos altos funcionarios serán elegidos por meritocracia

La crisis que enfrenta la justicia ha hecho que el país tenga los ojos puestos sobre la reforma de equilibrio de poderes, que para el Gobierno es la herramienta para acabar con la politización de las cortes y la impunidad que impera en los procesos contra magistrados y altos funcionarios. Precisamente, quedó radicada la ponencia para sexto debate en la plenaria del Senado.

La principal modificación al articulado que se discutió en el quinto debate girará alrededor de la Comisión de Juzgamiento de Aforados.

Según el articulado anterior, sus miembros iban a ser elegidos por el presidente de la República, lo que generó críticas sobre una supuesta concentración excesiva de poderes en la cabeza del Ejecutivo. Ahora, según quedó consignado en la ponencia, los miembros de la comisión serán elegidos por el Congreso en pleno, entre candidatos de listas elaboradas mediante un concurso adelantado por la Dirección de la Magistratura (entidad que será creada por la reforma). También en el documento queda consignado que la Comisión de Investigación de Aforados pasaría de tener cinco a tres magistrados.

En otro aparte queda explícito que no desaparecerá inmediatamente la cuestionada Comisión de Acusación. Por el contrario, estará vigente por un año, en el que tendrá que investigar los hechos que están bajo su conocimiento y dictar resolución inhibitoria o remitir los procesos a la Comisión de Aforados cuando haya argumentos para abrir investigación.

Aunque en la ponencia no hay muchos cambios, eso no quiere decir que haya acuerdo. Hay puntos en los que la pelea va a ser dura. Por ejemplo, los senadores Armando Benedetti, coordinador ponente, y Claudia López, de la Alianza Verde, están de acuerdo en imponer una inhabilidad para que el vicepresidente, en este caso Germán Vargas Lleras no pueda aspirar a la Presidencia. El argumento es que maneja cuatro ministerios, dos institutos descentralizados y cerca de $30 billones, por eso tendría ventaja en la contienda electoral.

Otro espinoso tema es el de los funcionarios investigados por la Comisión de Aforados, que en un principio eran sólo los magistrados y el fiscal general. Sin embargo, en el quinto debate incluyeron al contralor, al defensor del Pueblo y al procurador, lo que para la senadora López se convirtió en una feria del fuero. Sobre esto, el Ministerio de Justicia ha dicho que persuadirá a la Unidad Nacional para que saque al procurador de la lista de aforados.

La reforma, además, quita las funciones electorales de las cortes, dice que los togados no podrán ser elegidos en otro alto tribunal al cumplir su período, impone la silla vacía para delitos de corrupción, elimina el Consejo Superior de la Judicatura y el voto preferente, y establece la lista cerrada con mayor participación de la mujer, entre otras disposiciones.