Tribunal superior de Bogotá dejó en firme condena contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas por el denominado ‘Carrusel de la contratación’
El exmandatario fue sentenciado a 25 años de prisión por las irregularidades detectadas en la cesión del contrato de la construcción de la Fase III de Transmilenio.
El Tribunal Superior de Bogotá validó los argumentos y los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, y ratificó la condena en su contra por actos de corrupción ocurridos en la cesión del contrato para la construcción de la Fase III de Transmilenio en la Calle 26.
El fallo dejó en firme la decisión de primera instancia y redujo en cinco años el monto de la pena. En ese sentido, el exmandatario deberá cumplir 25 años de prisión y pagar una multa de 26.000 millones de pesos, como responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado en favor de terceros y concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía demostró la existencia de una red criminal conformada por particulares y funcionarios, que se apropió de 190.000 millones de pesos destinados a la adecuación de vías y construcción de estaciones para la implementación del Sistema de Transporte Masivo en Bogotá.
Como parte de este entramado ilegal, el entonces alcalde de la ciudad fue determinador en la celebración irregular de varios otrosíes al contrato 137 de 2007, cuyo objeto era la construcción de la infraestructura para poner en funcionamiento a Transmilenio en la Calle 26. Por estas actuaciones, en beneficio de los contratistas, el exmandatario y su hermano Iván Moreno Rojas recibieron dádivas por 30.000 millones de pesos.
Las anomalías detectadas en el proceso contractual, cesión y ejecución del contrato le causaron un grave daño al patrimonio de la capital. El proyecto, que tenía un valor inicial de 300.000 millones de pesos, terminó costando medio billón de pesos y presentó retrasos de varios años.
Esta es la tercera condena que se emite contra Moreno Rojas por delitos contra la administración pública. La primera fue de 24 años de cárcel por contratación indebida en el sistema de ambulancias de Bogotá; y en la segunda le impusieron 39 años de prisión por corrupción en contratos de la malla vial.
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