Abuso de Electricaribe con dineros de usuarios, ocurrió antes de la intervención

Un informe de la Contraloría analiza las pérdidas de la empresa, las inversiones no realizadas en el Plan 5 Caribe y le da el visto bueno a la gestión del agente interventor.

Un informe de actuación especial de la Contraloría, fechado en el presente mes de julio de 2017, advierte que Electricaribe utilizó más de $78.500 millones que eran para subsidiar alrededor de 600 mil usuarios de estratos 1 y 2, con un objeto presuntamente ilegal: disminuir sus pérdidas.

El asunto funcionaba así, se le aplicaba un descuento por subsidio del Fondo de Energía Social, Foes, de solo 19.78 pesos, cuando tenía derecho a recibir 1.978 pesos, resultantes de multiplicar su consumo de 43 kilovatios por hora por los 46 pesos que establece la ley. No obstante, los 1.958.22 de diferencia, Electricaribe los restaba en la factura al ítem de ‘aporte empresa’, concepto que reflejaba las pérdidas de la compañía.

Y el usuario no se daba cuenta porque la empresa presentaba en las facturas del usuario los valores del beneficio Foes y del subsidio a la tarifa, proveniente del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso, Fssri, en forma global y no discriminaba el supuesto beneficio.

Facturas afectadas

En el informe de 37 páginas, en el que se analizaron un promedio de 800 mil facturas mensuales expedidas durante 2015 y 2016, para un total de 19 millones de facturas, el organismo establece que “$78.500 millones que empleó la empresa con el objeto de disminuir sus pérdidas provienen del subsidio otorgado por el Foes, que deben ir destinados para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de menos recursos de usuarios de estratos 1 y 2”.

El documento señala, además, que esta cifra corresponde al 99% del beneficio Foes que debieron recibir los usuarios afectados que hacen parte de la población más pobre, en este caso de los siete departamentos de la Costa Atlántica. Es decir, mensualmente la empresa española afectó entre el 64% y el 80% de la facturación de estas, un porcentaje que equivale, según el reporte, a cerca de 600 mil usuarios mensuales.

El contralor general, Edgardo Maya Villazón, anunció que dará traslado de este hallazgo a la Fiscalía y Procuraduría, al tiempo que ordenó realizar nuevas acciones de control para investigar vigencias correspondientes a los cinco años anteriores a 2015.

La auditoría concluye que “al revisar en detalle la aplicación individual del subsidio a los usuarios durante los años 2015 y 2016, se encontró que al asignar el beneficio Foes en su sistema de facturación, Electricaribe desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura y a cambio lo destinó a disminuir sus pérdidas”.

En el reporte, elaborado por el contralor delegado para Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, se pone de presente que el usuario afectado debía por ende asumir el pago que iba a las pérdidas de la española: “con esta práctica de la empresa, el usuario debe asumir en su valor a pagar el valor del Foes no aplicado, lo que conlleva que el objetivo del subsidio Foes, de disminuir el valor a pagar por parte del usuario, se vea significativamente disminuido y en consecuencia se produce una mayor erogación a cargo del usuario”.

El ente de control fiscal reclama por ello que “Electricaribe, actuando en contravía de los objetivos planteados en la política pública, entre ellos, el de subsidiar el valor del consumo de la energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo, y en zonas subnormales urbanas, es decir de los usuarios más pobres del país, desconoció las normas que regulan la aplicación de estos subsidios y utilizó un procedimiento no autorizado en perjuicio de estos beneficiarios y en favor de la empresa”.

Como resultado, la Contraloría evidencia “un daño al patrimonio público” correspondiente a “una desviación de estos recursos” que finalmente se aplicaron para menguar parte de las pérdidas que debe asumir la empresa y para cuyo control la ley tiene establecido instrumentos y procedimientos diferentes.