Alerta por desviación del arroyo Bruno en La Guajira
La comunidad teme las repercusiones ambientales del proyecto de desviación del arroyo Bruno
La empresa Carbones del Cerrejón ya tiene las licencias para desviar el lecho del río en más de tres kilómetros. La comunidad teme las repercusiones ambientales del proyecto.
En alerta se declararon los habitantes de la Guajira, debido a que Corpoguajira aprobó la desviación del arroyo Bruno, que nace en la reserva natural de los Montes de Oca y corre 26 kilómetros para encontrarse con el río Ranchería, que a su vez es una de las principales fuentes superficiales de agua del departamento de la península.
A orillas del arroyo Bruno los juncos, los guayacanes y las acacias crecen sobre un delicado tapiz de musgo. La vegetación le da al agua muchas tonalidades de verde que contrastan con el color beige, casi amarillo, de las rocas que también comparten la rivera de un río sin contaminación.
Además esconde 40 millones de toneladas de carbón bajo su lecho así que en 2013 se volvió parte esencial del plan de expansión de la mina el Cerrejón.
A pesar de esa gran reserva natural, La Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Anla) y Corpoguajira le dieron las licencias al Cerrejón para cambiar el recorrido del río a lo largo de 3.6 kilómetros y moverlo 700 metros al norte, más cerca de la carretera principal.
La empresa socializó el proyecto con los habitantes de las orillas del Bruno que entre la comunidad de la zona conocida como La Orqueta y que tiene como patio trasero uno de los pocos ecosistemas de bosque seco tropical que quedan en Colombia.
Aunque ellos no viven en la parte de arroyo que se va a intervenir, tienen muchos reparos sobre el proyecto porque, afirman, podría afectar al cuerpo de agua como un todo.
Con la modificación, el cuerpo de agua estaría atrapado entre una explotación minera a cielo abierto y una concurrida vía pavimentada.
La desviación del arroyo incluye replantación de todos los árboles nativos a orillas del nuevo cauce y con ellos migrarían las especies que viven a orillas del río.
Los voceros de la empresa afirman que harán una réplica exacta del antiguo cauce. Aseguran que tienen todas las herramientas para mitigar el impacto ambiental que generaría la obra. Para ello contrataron a Ingetec (que también hizo los estudios del río Ranchería cuando, en 2012, la empresa quiso desviarlo para sacar las 500 millones de toneladas de carbón que tiene debajo) y Alluvium, una consultora australiana.
El Cerrejón esgrime argumentos económicos y laborales porque, según sus cálculos, si no se desvía el arroyo la empresa dejaría de producir 3 millones de toneladas anuales. Esto significa que estarían en juego 600 empleos, $500.000 millones en compras a la región y $3,7 billones de regalías. Para Jazmín Romero Piayú, vocera del pueblo wayúu, esta aseveración es “violenta porque enfrenta a miembros de las comunidades entre ellos”. Si aceptan ese argumento, dice, entrarían en etapa de autoexterminio porque cambiaríamos su arroyo, su agua, por un trabajo que de todas formas se acabará dentro de unos años.
Lo que más temen todas las comunidades es que, con los cambios que se han dado a lo largo de los últimos 40 años (muchas veces sin su conocimiento ni consentimiento), su región cambie tanto que el desarrollo minero deje por fuera sus costumbres ancestrales, su forma de vida campesina y su cultura. Así lo resumió Rosa Galván, una joven que nació en Chancleta y está estudiando administración de empresas. Para ella es claro que, tanto indígenas como afrodescendientes quieren “que se nos reconozca el derecho a vivir en nuestro territorio y elegir qué hacer con nuestras vidas”. En resumen, no quieren ser daños colaterales de la minería.
