Claudia López, no tiene atribución constitucional para implementar recomendaciones de CIDH: Vicepresidenta

Marta Lucía Ramírez dice que el Presidente es quien dirige las relaciones internacionales del país

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez le respondió a través de una carta a la alcaldesa de Bogotá. Claudia López, sobre su declaración acerca de que, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, incorporará las recomendaciones al protocolo de protesta social.

“Haremos las disposiciones presupuestales necesarias para que los uniformados del Esmad de la Policía Metropolitana de Bogotá, que operen armamento de letalidad reducida, deban portar, usar y registrar bodycams (cámaras corporales)”, sostuvo la mandataria local.
Además, desde la administración distrital indicaron que se fortalecerán las metodologías para identificar casos de abuso policial y personas lesionadas a través de seguimientos a casos de vulneración de derechos por parte de la Fuerza Pública.

Frente a ello, la Vicepresidenta señaló que le corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales de Colombia, no a la mandataria local.

“En ese sentido, se trata de una atribución constitucional exclusiva del Presidente, de allí que él goce de plena autonomía para decidir en materia internacional sobre el interés de la nación”, advierte en la misiva. Y agrega: “es el Presidente de la República el único que tendría la atribución constitucional y legal de aceptar la instalación en Colombia de un Mecanismo de seguimiento de un órgano internacional de cualquier tema y, en este caso particular, de los derechos humanos, cuya metodología, entre otras cosas, según lo explicó la Presidente Antonia Urrejola durante la conferencia de prensa ocurrida el día de ayer, no incluye la instalación presencial del mecanismo en el país, por lo cual no hay lugar a la invitación hecha por usted”.

De otro lado, señaló que bajo el liderazgo del Presidente vienen trabajando desde hace varios meses, en un proceso de reforma a la Policía Nacional con decisiones legislativas, reglamentarias y administrativas.

La también canciller sostuvo que el Gobierno Nacional considera que la institucionalidad colombiana es suficiente garantía de eficacia y seguimiento a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, y que “contamos con organismos internacionales que realizan permanente seguimiento”.

En este sentido señaló que “las instituciones nacionales y los organismos
internacionales que actúan en Colombia desarrollan una tarea que permite garantizar con suficiencia el seguimiento a los derechos humanos en el país