La Fiscalía General de la Nación confirmó que tiene evidencias para procesar al ‘grupo Buldócer’ de congresistas, cuya función era tumbar desde el Congreso cualquier obstáculo que se interpusiera a la adjudicación de contratos a Odebrechh y a sus propios intereses.
El ente investigador compulsó además, copias de esas pruebas a la Corte Suprema de Justicia pidiendo investigarlos por supuesta coima de US$ 2 millones pagados en 2012.
La investigación de la Fiscalía señala que en la contabilidad secreta del testigo Otto Bula había una carpeta con el nombre Bulldozer, en la que se registraron todos los pagos ilegales que fueron a parar a las manos de los 8 congresistas cuyos nombres ya son de conocimiento público.
Al anunciar la compulsa de copias de la Fiscalía a la Corte contra los congresistas Armando Benedetti, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Sandra Villadiego, Alfredo ‘Ape’ Cuello Baute, Bernardo el ‘Ñoño’ Elías, Antonio Guerra de la Espriella, y Martín Morales, señala a estos como los supuestos receptores de los sobornos de la multinacional brasileña.
Todos estos políticos tendrán que responder ante la Corte Suprema por, al parecer, haber recibido millonarias coimas por utilizar sus influencias y contactos en favor de Odebrecht.
Hasta ahora, los enredados en el escándalo estaban respondiendo por actos de corrupción en la adjudicación de la Ruta del Sol II (a finales del gobierno de Álvaro Uribe), y, ya en el gobierno Santos, por la adición de la vía Ocaña-Gamarra y el megaproyecto de Navelena.
La Fiscalía señala en un informe, que lo que se descubrió es un nuevo capítulo del escándalo nacionalen el que la multinacional Odebrecht también habría pagado sobornos para sacar adelante, en diciembre del 2012, un contrato de estabilidad jurídica favorable a sus intereses.
Los congresistas, dice la investigación, cobraban “comisiones de éxito para que a través de sus competencias y funciones, presionaran decisiones gubernamentales”.
Desde mediados de octubre, gracias a la colaboración de varios implicados, los investigadores vienen recabando “material probatorio” según el cual Benedetti, Musa, Elías Vidal y Guerra de la Espriella habrían recibido dos millones de dólares, girados por el famoso Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Este era la ‘caja menor’ de los sobornos y operaba directamente desde Brasil.
El contrato de estabilidad tenía por objeto garantizar que al inversionista se le seguiría aplicando la normatividad vigente en materia de impuesto al patrimonio, desde el inicio del proceso hasta la entrega de la obra.
La Fiscalía dice que aunque se aprobó legalmente, su trámite fue mucho más expedito gracias a que Odebrecht había ofrecido a Bula y al empresario Federico Gaviria una comisión de éxito si lo lograban antes del 31 de diciembre del 2012, antes de empezar a regir la reforma tributaria aprobada ese año por el Congreso.
“La presión que se ejerció por este grupo de congresistas a través de la reforma tributaria, fue abriendo el camino para ir venciendo las distintas aprobaciones de una manera exprés, rápida”, señala uno de los testimonios enviados a la Corte.
Los dos millones de dólares para el ‘grupo Buldócer’ y los bonos de a 500.000 dólares para Gaviria y Bula fueron, según el expediente, girados en marzo de 2013 desde Brasil a una cuenta en Panamá. Después, esas sumas se monetizaron en el país “para cancelar las coimas respectivas”, señaló este miércoles la vicefiscal general María Paulina Riveros.
