La decisión se adoptará cuatro años después de que las fumigaciones con glifosato fueron suspendidas por la Corte Constitucional, considerando que por sus posibles riesgos sobre la salud se debía aplicar el principio de precaución,

La Corte evaluará un fallo del 2017 en el cual le puso seis condiciones al Gobierno para volver a asperjar con glifosato. La más importante de ellas indica que la única forma de reanudar el glifosato es haciendo una investigación científica que, de forma “objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.

El Gobierno también debe crear una regulación especial para alertar posibles riesgos, e incluir en el Consejo Nacional de Estupefacientes a un representante étnico que pueda tener voto para garantizar la consulta previa, entre otras condiciones.

Pero el mismo presidente Iván Duque le pidió en marzo pasado a la Corte modular su fallo y suavizar esas condiciones, afirmando que el glifosato es una herramienta fundamental para combatir los cultivos ilegales en el país –que según la Oficina Nacional para las Políticas sobre el Control de Drogas (ONDCP por su sigla en inglés), de la Casa Blanca, están sobre las 208.000 hectáreas–.

Pero la discusión que se dará hoy en el alto tribunal inicia con una ponencia que niega el regreso del químico. La ponencia que el magistrado Alberto Rojas Ríos le presentará a sus compañeros en la Sala Plena establece que se deben mantener las exigencias del 2017 para fumigar con glifosato, considerando que no han cambiado las razones por las que se lo suspendió.

Es decir, para Rojas aún se mantienen las advertencias sobre el posible riesgo que ese químico implicaría sobre la salud (como el cáncer), que fueron hechas ante el alto tribunal por investigadores y por el exministro de Salud Alejandro Gaviria.

Rojas también afirma en su ponencia, según fuentes, que el Gobierno no ha cumplido con su deber de hacer las consultas respectivas con las comunidades que se podrían ver afectadas por las aspersiones, como la de Nóvita (Chocó). Esa comunidad indígena y afrodescendiente fue la que presentó la tutela con la cual en el 2017 se decidió mantener la prohibición del glifosato y ponerle condiciones para su regreso.

Aunque aún no se conocen más detalles del proyecto de fallo, fuentes de la Corte aseguran que entre los magistrados ya hay algunos opositores al planteamiento de Rojas. Así, algunos magistrados consideran que se debería moderar el fallo –como pide Duque–para permitir el regreso del glifosato, pero controlando los posibles riesgos que ese herbicida implica, a través de una regulación clara y precisa.

Algunos magistrados también consideran que la posibilidad de usar glifosato es un debate que debe darse dentro del Ejecutivo y Legislativo, por lo que, a su juicio, no le correspondería al órgano constitucional tomar decisiones sobre un tema que involucra la política contra las drogas.

En el caso los magistrados Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo han presentado impedimentos que se resolverán hoy, antes de iniciar el debate.