La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en segunda instancia que le había impuesto al ex gobernador de La Guajira José María “Chema” Ballesteros
El exmandatario regional pagará 15 años de cárcel, pues la Sala Penal de la Corte Suprema le negó la solicitud de prisión domiciliaria, pese a que alegó tener graves problemas de salud.

José María Ballesteros, exgobernador de La Guajira, también es investigado por irregularidades en contratos de alimentación escolar.
El exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, pagará 177 meses y ocho días de cárcel, decidió este miércoles la Sala Penal de la Corte Suprema. La corporación ratificó la condena que en octubre del año pasado le impuso la Sala de Primera Instancia al corroborar que se apropió de dineros públicos en un convenio que firmó en 2014 para la prevención del dengue en su departamento, lo que lo hace culpable de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión (cuando un funcionario exige dinero por su labor).

Ballesteros llegó a la Gobernación en reemplazo del entonces suspendido Kiko Gómez, el temido exgobernador condenado por matar a sus contradictores. Y, cuando Ballesteros asumió, firmó un convenio para investigar y determinar la manera como se podría mitigar el riesgo de dengue en La Guajira con la empresa Olfis, registrada como una entidad sin ánimo de lucro, que, según encontró la Fiscalía, “no tenía la experiencia, ni la capacidad operativa, administrativa y técnica para cumplir lo dispuesto en el convenio”. Sin embargo, el gobernador les entregó el contrato y exigió a cambio la suma de $200 millones al representante legal de la empresa, Fredi Alexander Díaz.

Pero esas son apenas dos de las siete irregularidades que encontró la Fiscalía en el convenio, que se firmó por más de $18.000 millones en uno de los departamentos más pobres del país. El ente investigador demostró, además, que Ballesteros no comprobó la capacidad técnica, administrativa y financiera de Olfis, ni que fuera entidad sin ánimo de lucro. Por otro lado, no incluyó a comunidades indígenas, como indicaban los estudios previos; ni comprobó que en el convenio se involucrara la red de salud pública. Y, por último, no divulgó en el sistema de contratación pública el proceso.