A 12 se elevó el número de funcionarios y contratistas capturados señalados de estar implicados en escándalos de corrupción en el suministro de alimentos a menores de edad en los departamentos de Cesar y La Guajira.

La información fue confirmada por  Fiscalía General tras señalar que ese órgano de investigación irá hasta las últimas consecuencias para identificar a los demás responsables de la defraudación.

El fiscal general encargado Jorge Perdomo, reportó que en el primer caso del Cesar fueron capturados el alcalde de Aguachica, Cesar Henry Montes y otras cinco personas por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en el manejo de los contratos para proveer alimentos a los niños de los colegios del municipio.

De acuerdo con las investigaciones en el Cesar el contrato que está en la mira de la Fiscalía supera los 500 millones de pesos.

El convenio investigado se realizó con el fin de “aunar esfuerzos para el suministro de alimentación escolar a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio de Aguachica”, de acuerdo con los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Los otros detenidos por este primer caso son: el exalcalde (e) de Aguachica Juan Carlos Zuleta; la representante legal de la Fundación Provenir, Diana Margarita Trujillo Arévalo; el secretario de Educación municipal, Rodolfo Rodríguez Rincón Páez; el secretario Jurídico, Nicolás Julio González, y la supervisora del convenio, Ariela Pallares Santiago.

A estos capturados la Fiscalía les imputó los delitos de cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y peculado por apropiación.

Corrupción en La Guajira

En otra operación realizada en el municipio de Maicao (Guajira), fueron capturados el representante legal de la Fundación Semillas Colombia, Jorge Mario Sanjuan Ángel; la representante legal de la firma Convenio de Libranzas, y el proveedor de frutas Libardo Liñán Puerta.

De acuerdo con los investigadores en este caso las irregularidades se presentaron en dos contratos suscritos en el año 2014 en Maicao entre la regional del ICBF y la Fundación Semilla Colombia un monto superior a los 4.400 millones de pesos.

Debido a estas graves inconsistencias en materia de contratación se habrían visto afectados 1.509 menores de edad.

La Fiscalía evidenció en los dos contratos falsedades en cuentas, inexistencia y duplicidad de beneficiarios, tercerización y empresas de fachada.

Asimismo se estableció que no fueron ejecutados más de 700 millones de pesos de los contratos.